Vender y promocionar pseudoterapias que no sirven para nada sale gratis
Aunque en España hay legislación y planes para hacer frente a estas prácticas que pueden atentar contra la salud, no se suelen perseguir las estafas ni aplicar las medidas
Fernando Cervera, divulgador escéptico, se propuso hace 10 años demostrar lo fácil que resulta vender una terapia inventada, por absurda que sea. Se inventó una que consistía en la curación de diversos males con restos de heces humanas, la llamó fecomagnetismo y comenzó a promocionarla por circuitos esotéricos y de terapias naturales. De ahí salió el libro El arte de vender mierda, en el que demostró cómo era muy sencillo que en esos ámbitos le tomaran en serio, si bien no llegó a comercializar su invento para no engañar realmente a enfermos ni incurrir en un delito.
Pero, ¿habría tenido alguna consecuencia legal para él haberla vendido realmente? Hay decenas de pseudoterapias casi igual de absurdas que se comercializan y promocionan sin problemas ni sanciones. La cama de plasma frío de una clínica de bienestar de Alicante que ha promocionado recientemente en sus redes el presentador Pablo Motos es solo un ejemplo más, que se une a una larga lista de pseudoterapias muy fáciles de encontrar tanto en internet como en el mundo físico. Dijo la ministra de Sanidad, Mónica García, que en el mejor de los casos, muchas de ellas solo dañan el bolsillo; pero en otros, pueden “poner en riesgo la salud”.
Y aquí surgen más preguntas: si las autoridades sanitarias son conscientes de lo que sucede, ¿por qué no hacen nada?, ¿no existen leyes que permitan perseguir esto? Fernando Frías, abogado experto en pseudoterapias, responde que sí existen, que bastaría con aplicarlas para solucionar buena parte del problema: “Pero por falta de medios o de voluntad política es algo que no se persigue. En algunos casos no hay muchos incentivos porque hay muchísima gente que las usa”. Una encuesta de 2017 mostraba que dos millones de españoles han sustituido tratamientos médicos por pseudoterapias.
Pero hay excepciones a la regla: esta misma semana, la Generalitat de Cataluña ha vuelto a multar a Josep Pàmies por promocionar y publicitar los presuntos beneficios para la salud del llamado MMS (Miracle Mineral Supplement), un compuesto ilegal en España al que este divulgador pseudocientífico atribuye propiedades terapéuticas contra el autismo y otras enfermedades. Suma una sanción de 1,2 millones. “Aquí se demuestra que cuando algo se persigue, puede tener consecuencias importantes”, señala Frías.
Campañas informativas
Para avanzar en este terreno, los ministerios de Sanidad y de Ciencia aprobaron conjuntamente el plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias en 2018 (coNprueba). Se proponía publicar informes detallados de todas las pseudoterapias (o al menos, las más frecuentes) que analizaran sus fundamentos y si tenían sentido; difundir estas evaluaciones; ejecutar campañas informativas para concienciar sobre los peligros; realizar modificaciones legislativas para que fuera más fácil perseguir la promoción y venta de estas terapias o artilugios; reforzar las garantías para que todas las actividades sanitarias se realicen por parte de profesionales con la titulación oficialmente reconocida; además de eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios.
Sanidad identificó 73 pseudoterapias, lanzó alguna campaña y fue publicando informes sobre estas prácticas, hasta un total de 16. La pandemia ralentizó el proceso y durante casi dos años el plan quedó en suspenso. Sanidad asegura que está ultimando los informes que quedan: se publicarán otros 16, aunque el ministerio no concreta cuándo.
Este camino fue una senda “muy interesante”, opina Emilio Molina, uno de los fundadores de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, pero con el tiempo se ha visto que “los mismos charlatanes que estaban ahí, siguen ahí”. “No se cumple la ley, que está ahí y es clara”, dice Molina.
Ya existe en vigor un real decreto de 1996 por el que “queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria”. Entre los casos que cita la norma, uno es este: “Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo”. Según Molina, aplicando este real decreto, “se solventarían el 99% de los problemas”, y pone como ejemplo el caso Motos.
Uno de los problemas de esta norma es que ha quedado desfasada y no es explícita en cuanto a nuevas formas de comunicar, como internet y las redes, que no existían cuando se redactó. Hay un borrador de un nuevo real decreto que sí lo hace, actualmente en trámite de audiencia pública.
Es una de las reclamaciones de la Organización Médica Colegial (OMC): que haya una norma que explicite que los influencers no puedan hacer promoción de productos sanitarios o terapias. “Hay personas con patologías que nos preguntan por esas técnicas prometedoras que ven por ahí, que por qué no las ofrecemos en el Servicio Nacional de Salud. Con nuestro código ético no podemos crear expectativas con algo que no tiene evidencias. Incitar al consumo de servicios médicos hace daño a la ciudadanía, sobrecarga el sistema, medicaliza la sociedad”, lamenta Rosa Arroyo, coordinadora del Observatorio contra las Pseudociencias de la OMC.
Vender productos que no hacen lo que dicen hacer podría ser considerado una estafa. Pero los tribunales no suelen verlo así. “En ocasiones es muy difícil demostrar la supuesta estafa. Y suelen considerar que si una persona con todas sus facultades mentales rechaza la medicina y se pone en manos de un curandero, por ejemplo, es cosa suya. En un caso en Valencia relacionado con grupo sectario lo resumió bien un fiscal: ‘El derecho penal no ampara a incautos”, explica Frías.
Esto que cuenta Frías se puede comprobar con otro caso de Valencia. Un joven de 21 años dejó su tratamiento contra la leucemia tras ponerse en manos de un curandero que se presentaba como especialista en “medicina naturista y ortomolecular”. Falleció, y su padre denunció al pseudoterapeuta por intrusismo y homicidio por imprudencia grave. En 2018 salió absuelto por no considerar el tribunal probado que el fallecimiento estaba directamente vinculado al curandero. Tampoco estimó que hubiera intrusismo.
Sin embargo, en opinión de Frías, la vía penal no es la única, ni siempre la mejor, para perseguir estas prácticas. Insiste con el ejemplo de Pàmies y con la idea de que, si realmente se persiguieran y se pusieran multas similares a otras pseudoterapias, estarían mucho menos extendidas.
Durante la pandemia, el plan estatal contra estos falsos remedios quedó suspendido
Existe un real decreto para perseguir estas prácticas, pero es de 1996 y está desfasado