La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la gestión del Ejecutivo y un modelo de financiación que garantice la “suficiencia de recursos en cada territorio” Los ingresos por impuestos marcan un récord de 271.935 millones
El año pasado cerró con un déficit público dos décimas mejor de lo esperado (3,66% del PIB, equivalente a 53.556 millones) y una recaudación de impuestos en máximos: 271.935 millones, un 6,4% más que el ejercicio previo. Aun así, la presión fiscal cayó tres décimas, del 38,3% al 38%. Así lo detalló ayer la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien hizo gala de la salud económica y financiera del país y defendió la gestión del Ejecutivo, alegando que cada año ha cumplido con las tasas de referencia comprometidas con Bruselas. También aseguró que este año se cumplirá la meta del 3% que marcan las reglas europeas, y que se logrará sin ajustes.
Pese a los buenos datos exhibidos por la vicepresidenta primera, acaban de abrirse varios frentes en materia de finanzas públicas: el Ejecutivo ha renunciado a los Presupuestos de este año, debido a la convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña, tiene que lidiar con las exigencias de la Generalitat, que acaba de presentar una propuesta de financiación singular, y deberá volver a enfrentarse a la mayoría del PP en el Senado para aprobar una nueva senda de déficit y deuda.
Montero insistió en el modelo de financiación, pendiente de una reforma desde hace una década, que estará fundamentado en los recursos de los que deben disponer las comunidades para garantizar los mismos servicios a los ciudadanos, vivan donde vivan. “El modelo ya recoge alguna singularidad”, destacó en referencia a la propuesta de la Generalitat, por ejemplo en el caso de las islas. “Y esta es la dificultad que tenemos para encontrar el consenso. Aquí la cuestión estriba en el peso que pueda tener cada una de ella”. Sobre la financiación singular que exige Cataluña no dio sin embargo una opinión clara, más allá de insistir en que “el modelo tiene que garantizar la suficiencia de recursos en cada territorio. Cada uno puede poner a discusión su propia variable, pero yo ya advierto de entrada”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado el miércoles que el déficit público había cerrado el ejercicio con una mejora sobre lo previsto (un 3,7% en lugar de un 3,9%) y un punto por debajo que hace un año (4,7%), una cifra que ahora deberá confirmar Eurostat, la oficina estadística europea, a la que Hacienda enviará la información el próximo día 27. “Gracias al buen desempeño económico del país ya puedo garantizar que en 2023 vamos a cerrar con un déficit público del 3,7%”, dijo Sánchez en la sesión de control en el Congreso.
“Hemos batido ampliamente todas las previsiones”, remarcó ayer Montero. “El déficit se ha reducido 6,4 puntos desde el máximo que se alcanzó en 2020”. Una rebaja de 60.000 millones en tres años, subrayó, añadiendo que este ajuste se produce con las reglas fiscales suspendidas y pese al despliegue de un escudo social de 120.000 millones de euros desde la pandemia, excluidos créditos y garantías. Sin las ayudas puestas en marcha para mitigar la subida de precios, el desfase hubiera bajado hasta el 2,5% de PIB. “Esta mejora del saldo fiscal se ha conseguido sin recorte alguno”, zanjó.
La mejora del déficit se explica en gran medida por el crecimiento robusto que ha mantenido la economía, de un 2,5% en 2023, y la fuerte creación de empleo, además del bálsamo que la inflación ha seguido ejercitando sobre los ingresos fiscales: un tercio del aumento se debe a la subida de precios. La Administración central asumió la casi totalidad de la reducción del déficit en 2023: sus números rojos bajaron del 3% al 2,1%, equivalente a 30.828 millones y 5,6 puntos porcentuales por debajo de la marca de 2020. También fue el subsector que asumió el mayor coste del escudo social desplegado desde la pandemia, por ser el que tiene más músculo con diferencia.
Las comunidades, aunque hayan rebajado el agujero en sus cuentas en dos décimas, del 1,1% del PIB al 0,9%, han incumplido con su objetivo, del 0,6%. Según la ministra, la reducción del déficit autonómico responde a los recursos récord que les ha repartido el sistema de financiación. “En los seis años del Gobierno de Sánchez, las comunidades autónomas van a recibir un 40% más de recursos que durante el Gobierno de Mariano Rajoy”. Solo cinco comunidades cerraron con superávit. En el caso de las entidades locales ha habido una leve mejora, del 0,11% al 0,09%; la Seguridad Social cerró con unos números rojos con un ligero aumento, hasta el 0,56% del PIB.
“Los datos avalan nuestras políticas económicas”, insistió Montero, quien destacó las cifras “de empleo récord”, “un crecimiento económico que el año pasado multiplicó por cinco la media de la zona euro” y una transformación decidida del tejido productivo con los fondos europeos. “La receta austericida que proponen los gobiernos de derechas es un error. (...). España es un país estable”, agregó en referencia a las críticas de la oposición y parte del sector empresarial.
La recaudación por IRPF creció un 9,9%, hasta un récord de 120.280 millones. “Es lógico que el estado recaude más con la creación de empleo y las subidas salariales”, defendió la ministra, quien recordó que el resultado se produce pese a la rebaja para las rentas más bajas, que ha tenido un impacto de 1.700 millones. También han influido en el resultado unos precios que siguen en cotas superiores a lo deseado y que Hacienda haya descartado deflactar el impuesto.