Los conservadores del Poder Judicial sacan adelante el informe contrario a la ley de amnistía
Los cinco vocales propuestos por el PSOE sostienen que la medida encaja en la Constitución, aunque le ponen objeciones
El sector conservador —y mayoritario— del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) culminó ayer el plan previsto desde que, en diciembre, el Senado le encargó un informe sobre la proposición de ley de amnistía, una norma sobre la que el órgano de gobierno de los jueces no estaba obligado a pronunciarse. El pleno aprobó el dictamen elaborado por el vocal Wenceslao Olea, propuesto por el PP, que carga duramente contra la amnistía y considera que es inconstitucional. El texto redactado por Olea —que no es vinculante— lo secundaron nueve de los 10 vocales propuestos por el PP. El presidente suplente, Vicente Guilarte, y el progresista Enrique Lucas votaron en blanco, mientras que los cinco vocales propuestos por el PSOE apoyaron el texto alternativo redactado por la vocal progresista Mar Cabrejas, que considera que la amnistía sí tiene encaje en la Constitución aunque le pone algunas objeciones.
El CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, tiene entre sus funciones informar sobre los proyectos de ley, pero la amnistía a los encausados del procés —una medida que los partidos independentistas pusieron como condición para investir a Pedro Sánchez— no ha sido sometida a esa consulta porque se tramitó como proposición de ley (presentada por el PSOE) y no como proyecto de ley (presentado por el Gobierno). No obstante, el PP se sirvió de su mayoría absoluta en el Senado para reclamar un informe al CGPJ y otro a la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazó elaborar este dictamen, pero el órgano de gobierno de los jueces —que ya se pronunció en contra de la amnistía antes incluso de que se conociera la primera versión de la ley— sí acordó redactar el suyo y se lo encargó a los vocales Olea, del sector conservador, y Cabrejas, del progresista. En principio debían presentar un solo texto, pero las discrepancias entre ambos les llevaron a elaborar dos informes por separado. El pleno los debatió ayer y aprobó, por mayoría, el del vocal conservador.
El texto sostiene que la Constitución, al excluir “de manera consciente” la amnistía, exige que esta se adecúe “a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones” que impone la norma fundamental, algo que no aprecia en la proposición pactada por el PSOE, ERC y Junts. El informe redactado por Olea, que es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostiene que ningún artículo de la Constitución, y tampoco la doctrina del Constitucional ni la jurisprudencia del Supremo, permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.
El dictamen objeta también la tramitación de la iniciativa por vía de urgencia, dada la “excepcionalidad jurídica y la trascendencia social” del asunto. Y considera que socava el derecho a la igualdad —ya que no se justifica que los encausados del procés independentista reciban un trato penal distinto al del resto de los ciudadanos— y el principio de separación de poderes. No resulta “admisible”, sostiene el CGPJ, que el Parlamento pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución (por ejemplo, los indultos que concede el Gobierno). El documento critica también con dureza el articulado de la proposición de ley. Entre otros aspectos, cuestiona que solo estén excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo que hayan causado “graves violaciones de derechos humanos” y que estén recogidos como tal en la directiva europea.
El informe alternativo redactado por Mar Cabrejas recibió el respaldo de esta vocal y de los otros cuatro propuestos por el PSOE. Los cinco presentarán así un voto discrepante del criterio mayoritario. Ese segundo dictamen argumenta que el hecho de que la Constitución no recoja expresamente la amnistía no quiere decir que la prohíba, aunque remarca que no corresponde al CGPJ establecer si esta proposición de ley de amnistía en concreto es o no constitucional. Cabrejas defiende también que no cabe derivar del artículo 14 de la Constitución (“los españoles son iguales ante la ley”) una prohibición absoluta de la medida de gracia, pero reprocha “algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas” al fijar la franja temporal y las conductas abarcadas por la medida de gracia.
El vocal Lucas, propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista, votó en blanco y presentó un voto particular con sus motivos. Lucas considera que la Constitución admite la amnistía o, “si se prefiere, las tolera si bien con carácter absolutamente excepcional”. Pero no se adhiere al texto de los vocales propuestos por el PSOE porque discrepa de ellos respecto a que el CGPJ no sea competente para pronunciarse, en concreto, sobre la constitucionalidad de la proposición de ley a los encausados del procés. El vocal pone, no obstante, algunas objeciones al texto que se tramita en las Cortes, como que el Congreso haya “relajado” los requisitos formales que se le exigen (de oportunidad, necesidad o proporcionalidad, entre otros) a una proposición de ley registrada por el partido que lidera el Gobierno. Lucas sostiene también, en línea con el dictamen de la Comisión de Venecia, que es necesario que una medida como la amnistía se apoye en “un proceso previo de formación del repetido consenso”, algo que no se ha hecho en este caso.