Aguirre defiende su actuación en el Campus de la Justicia de Madrid
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, defendió ayer en la Audiencia Nacional el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó su Gobierno y que acabó desechándose después de que la comunidad gastara 355 millones de euros. “Todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, no sabía que había ciudades de la justicia en otras ciudades”, aseguró en su declaración como testigo en el juicio por las irregularidades en los contratos para la concesión y construcción, en el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel para Alfredo Prada, quien fuera vicepresidente y consejero de Justicia de Aguirre. La expresidenta afirmó que prestó su apoyo al proyecto porque creyeron que no iba a generar gasto. “Pensamos: ‘No nos va a costar’; pero claro, nos costó”, admitió.
Prada se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional desde el 4 de marzo acusado de liderar “un plan criminal” para conceder “irregularmente” contratos a varias empresas en el proyecto del Campus de la Justicia. El ministerio público reclama seis años de prisión para otros cinco acusados, entre ellos el comisario Andrés Gómez Gordo, exdirector de Seguridad del organismo madrileño y posterior asesor de Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.
La declaración de la expresidenta madrileña había sido solicitada por la defensa de Prada, que le preguntó por cómo se gestó la empresa pública Campus de la Justicia, en cuya presidencia se situó al consejero. Aguirre explicó que ella asumió la idea de construir ese proyecto porque le explicaron que podía hacerse a coste cero. El proyecto se iba a levantar sobre unos terrenos cedi
dos a la Comunidad en Valdebebas, en la periferia norte de la capital, y la idea era sufragarlo con el ahorro del alquiler de varios edificios judiciales y la venta de otros que el Gobierno regional tenía en propiedad, aprovechando “el bum inmobiliario”. “Del primero nos dieron en subasta pública más del doble de lo que había dado la tasación que se hizo. Y pensamos, mal pensado seguramente: ‘Ancha es Castilla’, esto no nos va a costar’.
Durante su declaración, Aguirre insistió en que había un consenso
sobre la conveniencia de agrupar las sedes judiciales de Madrid en un Campus de la Justicia, y en ese consenso ha incluido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a quien era entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. “Al poner la primera piedra estaba todo el mundo de la justicia madrileña y nacional”, recordó.
Sobre las irregularidades en la gestión que luego se fueron conociendo, Aguirre aseguró que todo se hizo con el visto bueno del interventor y el secretario
del Gobierno regional, de la comisión de viceconsejeros y de auditorías que se iban haciendo en la empresa pública creada para gestionar el proyecto. “Nunca se puso ningún reparo”, dijo Aguirre, quien definió como “buenísima” la gestión de Prada al frente de Justicia y la desvinculó de su cese, en 2008, como consejero. “Le cesé por razones políticas [porque Prada apoyó a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP], pero yo estaba muy contenta con su gestión”, explicó ayer Aguirre.