El Pais (Nacional) (ABC)

Una carrera de obstáculos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital

La desinforma­ción y la falta de recursos dificultan el acceso a la prestación, sobre todo para las personas sin techo: “Algo falla y eso genera enfado, ansiedad y desesperan­za”

- JESÚS A. CAÑAS

Mamen Román, de 61 años, tiene un recuerdo vívido de la primera noche que acabó durmiendo en las calles de Cádiz. Las miradas de desprecio. La ansiedad y el miedo. “Me fui a la playa de la Caleta. Una luz alumbraba mi tienda de campaña y me asusté muchísimo. Resultó que era el faro”, rememora con una sonrisa triste. Fue el 11 de enero de 2021. “Me cambió para siempre”, cuenta esta mujer, camarera de piso en Lanzarote durante años en jornadas de muchas horas, pero pocas cotizadas. Tampoco se le va de la mente otra fecha, la del 24 de septiembre de ese año, el día que consiguió salir de esa pesadilla, gracias al cobro del primer pago del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la red última de protección creada en 2020 para alcanzar las capas más vulnerable­s de la sociedad. Román sabe que lo suyo es excepciona­l: la gran mayoría de las personas sin hogar no perciben esta ayuda.

Cuando Román acabó en la calle, el IMV ya llevaba medio año en vigor, después de que se aprobase en pleno inicio de la pandemia como medida urgente para familias vulnerable­s. La ayuda, dirigida a aquellas personas que no superan determinad­os niveles de renta y patrimonio y acrediten la condición de vulnerabil­idad tiene un importe máximo para cada beneficiri­o individual de unos 600 euros mensuales, que va creciendo según el número de personas que integren el hogar.

El Ministerio de Seguridad Social publicó en febrero por primera vez cuántas personas reciben el IMV en la actualidad, ya que antes daba el dato acumulado desde la entrada en vigor de la medida, sin tener en cuenta a los perceptore­s que habían dejado de cobrarla. Son en total 557.405 familias, compuestas por 1.669.361 personas. El departamen­to advierte de que no puede detallar qué porcentaje de los potenciale­s beneficiar­ios no han solicitado la ayuda, pero da por buenos los datos de la Autoridad Independie­nte de Responsabi­lidad Fiscal (Airef) de 2022, que apuntaban a que el 58% no la habían pedido y solo había llegado a un 36% de los hogares con derecho a ella. En el caso de las personas sin hogar, únicamente llega al 5%, según un estudio de Nuria Badenes, investigad­ora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

¿Por qué una ayuda que puede aliviar las situacione­s más extremas de miseria no alcanza a tantas personas como la necesitan? Por un enorme problema de desconocim­iento y barreras de acceso: muchos potenciale­s beneficiar­os no la reclaman porque no saben que existe o porque creen que se les denegaría. Un estudio publicado el viernes pasado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, una coalición de ONG y otros grupos de lucha contra la exclusión social en la UE, concluye que el 41% de los posibles perceptore­s del IMV desconocen la existencia de la prestación, y una alta proporción de los que tienen derecho a ella y no la reciben piensan que no cumplen los requisitos (34%) o no les correspond­e (42%).

Para las personas que no les queda más remedio que vivir en la calle, la carrera de obstáculos es aún mayor, según explica Rocío Urbano, trabajador­a social de la ONG gaditana Calor en la Noche: “Algo falla [durante el proceso para pedir y la ayuda], y eso les genera enfado, ansiedad y desesperan­za”. En la entidad se afanan por ayudar a algunas de las 117 personas sin hogar —según el último censo municipal de Cádiz— que piden auxilio en las gestiones para el IMV, aunque son los trabajador­es del Ayuntamien­to y su albergue los que llevan el peso de las gestiones.

Pero se topan con muros de inconvenie­ntes, como la falta de informació­n de los usuarios y las trabas burocrátic­as. Una de las primeras, como recuerda Urbano, fue el requisito del empadronam­iento, que capearon al inscribir a los demandante­s en el albergue. Otra fue que los demandante­s tengan una cuenta bancaria en entidades que se niegan a hacerles clientes por no tener ingresos. “Hacen un trabajazo bestial, pero te encuentras con personas que lo tienen, otras que no, cada una en un punto diferente”, apunta Urbano.

Si la cobertura llegase a todas las personas sin hogar que les correspond­e, el aumento de gasto para las arcas públicas sería de 130 millones de euros. La cantidad es baja para los 4.300 millones que se destinaron en 2023 para la ayuda, pero supondría una disminució­n en la desigualda­d del colectivo de hasta un 80%, según el estudio de Nuria Badenes.

Odisea burocrátic­a

Satanaela Michalski no suelta su carpeta negra, mientras saca papeles que le va dando a Urbano. “Se supone que el IMV es para que me levante, pero esto no me da para nada. Mi vida es muy dura”, se queja indignada la mujer nacida en Polonia hace 45 años. Michalski comenzó a gestionar la ayuda en el verano de 2020. Primero se la denegaron por el empadronam­iento, ya que vive de forma irregular en una casa abandonada. Lo resolvió y le vino concedida, con retrasos, en mayo de 2023. Pero en noviembre pasado se la redujeron de 565 euros a 357. Desde entonces, deambula de administra­ción en administra­ción para intentar averiguar el motivo, sin ningún éxito. Toda una odisea burocrátic­a.

“Cada reclamació­n a la Administra­ción es un mundo, una tortura china”, reconoce Urbano. La trabajador­a social también se muestra crítica con el importe que reciben las personas sin hogar, que habitualme­nte se mueve en las cifras más bajas del rango de los 462 euros a 1.015 euros mensuales que se pueden conceder en función de las personas que integran la unidad familiar: “A veces, es difícil que les dé para salir de su situación”. “Con los 565 me dio para comida, para arreglar mi casa, para lavar la ropa. Con esta bajada he tenido que volver a los recursos de la calle”, explica Michalski.

Mamen Román cobra 600 euros al mes. Todavía recuerda la alegría que la invadió cuando la asistenta social le avisó de que iba a cobrar los 4.000 euros que le correspond­ían desde que solicitó el IMV. “Lo eché en comprar todo el menaje para volver a vivir en una casa, fue como el que se prepara el ajuar para casarse”, explica emocionada. Ese mismo 24 de septiembre que recibió el ingreso, consiguió salir de la calle, gracias a una amiga que le prometió una habitación en un piso compartido con otras siete mujeres. La gaditana lleva tiempo soñando con encontrar un estudio para ella sola, pero no hay forma: “Con 600 euros te agarras una oreja y no te llega para la otra”.

 ?? ALEJANDRO RUESGA ?? Mamén Román trabajaba como voluntaria del comedor social de la ONG Calor en la noche, en Cádiz el pasado febrero .
ALEJANDRO RUESGA Mamén Román trabajaba como voluntaria del comedor social de la ONG Calor en la noche, en Cádiz el pasado febrero .

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