Dos gobiernos en danza por el megacasino Hard Rock de Salou
La división ante la construcción de un complejo en Tarragona fulmina la legislatura catalana y deja a Sánchez sin Presupuestos
La multinacional prevé crear 2.000 empleos en una zona con mucho paro
La negociación de los presupuestos catalanes y su desenlace fallido han estado condicionados por el tira y afloja en torno a un complejo de hoteles con megacasino que la multinacional Hard Rock pretende levantar en Salou (Tarragona). El proyecto promete grandes cifras: 2.000 puestos de trabajo, una inversión de 700 millones de euros, 7.600 metros cuadrados dedicados al juego, 1.200 máquinas tragaperras y 100 mesas de apuestas, y un consumo de agua de un millón de metros cúbicos cada año. El asunto ha provocado un encendido debate entre dos bandos que se lanzan acusaciones cruzadas sobre la conveniencia de darle impulso a la idea o de enterrarla para siempre. El PSC se ha convertido en abanderado de un plan que Junts también ve con buenos ojos. Ambos partidos se reparten las alcaldías de Salou y Vila-seca, donde se ubican los terrenos ojeados por Hard Rock. Esquerra Republicana alega no tener “entusiasmo” por la propuesta, pero cuando su líder, Oriol Junqueras, fue consejero de Economía en 2016, validó una reducción del 55% al 10% del impuesto a los casinos, medida aprobada previamente por PSC y CiU. Las voces más feroces contra el Hard Rock son la CUP y En Comú Podem. Ambas fuerzas poseen escasa representación en Tarragona, pero han logrado convertir el tema en una prioridad del Parlament. El presupuesto catalán no contemplaba ni un euro para el complejo, pero las exigencias de los comunes para que el Govern manifestara un repudio claro al proyecto frustró un acuerdo tripartito entre ERC, PSC y los propios comunes. Las desavenencias hicieron naufragar el pacto por las cuentas, lo que a su vez desembocó en el anticipo electoral. Además, el enredo también proyecta incertidumbre sobre la legislatura española y ha empujado al presidente del Gobierno a abandonar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2024. El terreno reservado por Hard Rock son unas parcelas propiedad de La Caixa, que están pegadas al parque Port Aventura y muy cerca del polígono petroquímico de Tarragona. Turismo e industria química son los dos pilares económicos de lo que se conoce como Camp de Tarragona, una zona donde conviven 550.000 personas, con ciudades como Tarragona, Reus, Cambrils o Salou, que tiene la condición de segunda área metropolitana de Cataluña y que sufre unos niveles de paro cronificados. Según la Encuesta de Población Activa publicada en enero por el INE, Tarragona cerró 2023 con una tasa de desempleo del 14,4%, cuando la media catalana es del 8,9%. “Parece mentira que se pongan tantos obstáculos a una inversión que crea trabajo y dinamiza la economía en municipios turísticos que sufren la estacionalidad”, manifiesta Pere Granados, alcalde de Salou. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, Idescat, Salou figura como una de las poblaciones con la renta anual más baja de la comunidad: 12.700 euros. La Cámara de Comercio de Tarragona se ha declarado partidaria del Hard Rock y en diciembre de 2022 convocó un acto con las entidades empresariales e instituciones económicas con el objetivo de constituir un frente común: “Es un proyecto estratégico” para el territorio, concluyeron. Josep Maria Arauzo Carod, catedrático del Departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV), alerta sobre el proyecto. “Perpetuar un modelo basado en este tipo de turismo tiene muchas restricciones y supone un freno para el crecimiento de la economía del territorio”, sostiene. “Es comprensible que en una zona donde la tasa de paro es destacable, un proyecto de este tipo se pueda ver como una oportunidad, pero eso implica priorizar el corto plazo”, abunda el profesor. “Es un proyecto absurdo en un contexto de emergencia climática”, ha sostenido insistentemente Jéssica Albiach, líder de los comunes. La formación critica que sería “el casino más grande de Europa” y que todo el complejo genera un consumo de agua equivalente a una población de 30.000 habitantes. Así las cosas, los partidarios del proyecto esgrimen su impacto económico millonario, la desestacionalización turística y la creación de empleo. Sus detractores, la incitación a la ludopatía,
Sus detractores dicen que consumirá tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes
la precariedad laboral y las dudas sobre la sostenibilidad que plantea un proyecto que ha tenido un trayectoria zigzagueante: nació en 2012, con otro nombre (“BCN World”) y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo presentó con todos los honores. Sin embargo, sigue pendiente de la aprobación del plan de desarrollo urbanístico (PDU) y el actual jefe del Ejecutivo, Pere Aragonès, alega tener poco margen, porque frenar su tramitación supondría un elevado coste económico para la Administración catalana.