El exespía Juan Alberto Perote pide ser rehabilitado con todos los honores
El agente que puso en jaque a Felipe González esgrime una sentencia de Estrasburgo
Juan Alberto Perote, el exespía que con sus revelaciones provocó en 1995 la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra; del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, pide ser rehabilitado con todos los honores. El exnúmero dos del Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid), antecesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha presentado un escrito ante el Tribunal Militar Central para reclamar que se le restituya “en su condición de militar de carrera [era coronel del Ejército de Tierra] con todos los pronunciamientos administrativos y económicos añadidos y reponiendo al mismo en todas las condecoraciones y titulaciones que le hubieran correspondido” de no haber sido expulsado de las Fuerzas Armadas.
El excoronel Perote fue condenado en 1997 por el Tribunal Militar Central a una pena de siete años de prisión, con la accesoria de pérdida de la condición de militar, por un delito de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad nacional. Quien fuera mano derecha de Emilio Alonso Manglano —el teniente coronel que asumió la dirección del Cesid tras la intentona golpista del 23-F y se mantuvo al frente del espionaje español durante 14 años— se había llevado del centro en 1991 (tras ser cesado) documentos clasificados sobre la guerra sucia contra ETA y la existencia de escuchas ilegales que acabaron publicados en el diario El Mundo en 1995 y provocaron la mayor crisis de los gobiernos de Felipe González.
Tras agotar sin éxito todas las instancias para recurrir en España, Perote acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en julio de 2002, dictó una sentencia en la que concluía que se habían vulnerado los derechos fundamentales del ex agente secreto, ya que existían “serias dudas” sobre la imparcialidad de dos de los jueces militares que lo condenaron: tanto el presidente de la Sala como el ponente habían intervenido en recursos durante la fase de instrucción del caso.
En cambio, el tribunal de Estrasburgo rechazó conceder a Perote
La publicación de los ‘papeles del Cesid’ provocó una cascada de ceses
El tribunal europeo cuestionó la imparcialidad de los jueces militares
la indemnización que pedía (79.843,53 euros por daños materiales y hasta 714.309,36 por daños morales), y solo ordenó al Estado español que le abonase 10.500 euros por gastos y costas. Con el aval de Estrasburgo en la mano, Perote pidió que se anulara la sentencia que lo había condenado, pero tanto el Supremo como el Constitucional rechazaron su pretensión.
Reformas legales
El Gobierno alegó entonces que el caso estaba cerrado y no se podía reabrir, y que se habían aprobado reformas en la jurisdicción militar para que los miembros del tribunal no intervinieran en la instrucción de los casos que luego juzgan. El Comité de Ministros del Consejo de Europa dio por buenos los argumentos del Ejecutivo español. Pese a ello, el abogado de Perote, Antonio Suárez-Valdés, considera que la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos nunca “ha sido plena y debidamente ejecutada”, ya que, aunque se adoptaron reformas legales, la única medida que afectó personalmente a su cliente fue el cobro de los 10.500 euros. Y añade que, en contra de lo que aseguró en Estrasburgo el representante español, no era cierto que el antiguo espía no hubiera pedido la reapertura de su caso.
Aunque han pasado más de 20 años desde la sentencia de Estrasburgo, el abogado de Perote subraya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no establece prescripción, por lo que reclama que se anule la sentencia contra Perote y se le reintegre a las Fuerzas Armadas. Con 85 años, está ya retirado y cobra una pensión que nunca perdió pese a ser expulsado del Ejército.
En el caso de que prosperase su demanda, más allá de los efectos económicos (que el escrito no evalúa), lo importante es la rehabilitación moral de quien en su momento fue tachado de traidor por muchos de sus compañeros. En 2005, cuando rechazó su recurso de amparo, el Constitucional adujo que la sentencia del tribunal de Estrasburgo se limitaba a constatar una “falta de imparcialidad objetiva” de los jueces, pero sin entrar al fondo del asunto: si Perote sustrajo o no los llamados papeles de la guerra sucia.
Esta condena no fue la única que recibió Perote. En 2006, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional que lo había condenado a cuatro meses de prisión y seis de inhabilitación absoluta por escuchas ilegales. El exjefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del Cesid reconoció que el Gabinete de Escuchas, que dependía de él, interceptaba y grababa sin autorización judicial conversaciones por teléfono móvil de periodistas, políticos, empresarios e incluso del Rey. Aunque el llamado escándalo de las escuchas del Cesid fue usado por la oposición para intentar derribar a Felipe González, al final el propio Perote fue el único condenado en un juicio que el Constitucional ordenó repetir. Según Manglano, se trataba de escuchas aleatorias, en el marco de la exploración del espacio radioeléctrico, que el excoronel estaba obligado destruir y decidió guardar.