La diócesis de Alicante y los maristas rechazan aclarar el caso de un cura pederasta
El obispado se niega a explicar lo que sabe de este abuso y su posible encubrimiento
Un caso de abusos sobre un menor de un sacerdote de la diócesis de Orihuela-Alicante en el seminario marista de La Marina de Elche, cometido en 1986 y destapado por EL PAÍS, es un ejemplo de cómo está siendo la actuación de la Iglesia en la mayoría de las denuncias. Los maristas y el obispado, dirigido por José Ignacio Munilla, se niegan a aclarar cómo se ha encubierto este caso 35 años, puesto que la víctima afirma que lo dio a conocer en 1986 a la orden. Tampoco explican si se está investigando, como obligan las normas vaticanas. Y sobre todo no revela a los feligreses las parroquias o destinos dónde ha estado ese cura, Antonio, ni si conocen más víctimas. Cinco obispos han pasado por la diócesis en ese periodo sin haber tomado medidas contra él. EL PAÍS ha contabilizado 39 obispos españoles sospechosos de haber silenciado, ocultado o encubierto casos de abusos en las últimas décadas.
Tanto los maristas como la diócesis de Alicante-Orihuela, no explican cómo actuarán. Y este es solo uno de los 855 casos de pederastia en la Iglesia, con al menos 1607 víctimas, que se conocen, según la contabilidad de este diario. La unidad de atención a víctimas del Defensor del Pueblo ha recibido ya más de 400 mensajes.
Este caso ha salido a la luz a través del informe que este diario entregó en diciembre de 2021 al Papa y a la Conferencia Episcopal (CEE), con testimonios inéditos que acusan a 251 sacerdotes y religiosos. La diócesis se niega a explicar lo que sabe del caso y su posible encubrimiento. Argumenta que la ley de Protección de Datos le impide dar más información, “sobre todo, nuestro empeño está centrado en la atención y acompañamiento a las víctimas en su dolor, así como en la reparación del daño causado”, expone un portavoz. El hasta ahora secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ya dijo que la Iglesia no sería “proactiva” en la investigación y que preferían centrarse en la atención a las personas. No obstante, el aumento de casos obligó a la CEE a cambiar de postura y encargó en febrero una investigación a un bufete. El nuevo secretario general de los obispos nombrado esta semana, César García Magán, su “compromiso de transparencia”.