La CUP quiere un referéndum cuando quede “finiquitado” el diálogo

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada mostró ayer su profundo escepticismo sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Ejecutivo catalán, que se reunirá en septiembre. A su juicio, carece de “credibilidad”, por lo que defendió un nuevo referéndum unilateral una vez se “finiquite” esa mesa. La diputada insistió en una entrevista con Europa Press en que el diálogo es “deseable”, pero no lo ve posible con el Gobierno, y reivindicó que en la mesa se debería hablar de amnistía y autodeterminación.

“Para nosotros, no tiene sentido lavarle la cara al Gobierno proyectándolos como dialogantes, porque no lo están haciendo”, afirma Estrada. Añade que la CUP no participará en esa mesa porque lo ve una pérdida de tiempo. Con todo, los anticapitalistas respetan que ERC explore esa vía: “Si se quieren reunir cada dos o tres meses, adelante. El problema es que en esa mesa no se habla de lo que se tiene que hablar”, opina. En 2016, el entonces president Carles Puigdemont aceptó la exigencia de la CUP de celebrar un referéndum —a la postre, el ilegal del 1 de octubre de 2017— a cambio de su apoyo a los presupuestos catalanes.

Voces de Junts

La CUP ha cuestionado de nuevo la mesa de diálogo sumándose a las voces de Junts que se oponen a ella. El expresident Quim Torra lamentó el jueves haberle “regalado” dos años de estabilidad al presidente Pedro Sánchez con el diálogo. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, de Junts, le da a la mesa una vida efímera si no trata la amnistía y la autodeterminación. Laura Vilagrà, consejera de la Presidencia, de ERC, replicó que el acuerdo de gobierno entre su formación y Junts prevé dar margen a la negociación.

Estrada afirma que, cuando se llegue al punto de que ERC dé por “finiquitada la mesa de diálogo”, lo que debe suceder “es la celebración de un referéndum; unilateral, lógicamente”, y apunta que no es un fin, sino una herramienta más para la confrontación.

La CUP y ERC firmaron un pacto de estabilidad para investir a Pere Aragonès como president en el que éste aceptó someterse a una cuestión de confianza dentro de dos años. El acuerdo prevé que, si la mesa de diálogo no da resultado, los dos partidos plantearán un nuevo “embate democrático” por la vía que el independentismo analice como la más adecuada, priorizando un referéndum de autodeterminación.