El Defensor recibe solo 28 quejas por adoctrinamiento en escuelas catalanas
No hay reclamaciones por los libros de texto ni por lazos amarillos en los centros
El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, recibió 28 reclamaciones por supuesto adoctrinamiento en las aulas de Cataluña entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año. “Parece evidente que el número de quejas no es significativo”, aseguró ayer Fernández Marugán tras destacar que en Cataluña existen un total de 3.200 centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria. En su comparecencia en el Congreso a propuesta de Ciudadanos, explicó que la institución remitió esas reclamaciones al Ministerio de Educación y a la Consejería de Enseñanza de la Generalitat el pasado 21 de noviembre, puesto que “es la Administración la que debe averiguar si existe adoctrinamiento”.
La sombra del adoctrinamiento, que partidos como el PP y Ciudadanos y algunos grupos sociales proyectan sobre la escuela catalana desde hace años, se recrudeció el pasado otoño tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, una jornada en la que los colegios desempeñaron un papel capital como centros de votación. Las 28 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre supuesto adoctrinamiento en las aulas hacen referencia a centros de Vilafranca del Penedès, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premià de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Algunas de las reclamaciones, Marugán no precisó cuántas, se descartaron por carecer de “concreción” o “base para el inicio de actuaciones”.
Entre las que se admitieron, figuraban denuncias como incitar a los estudiantes a manifestarse contra la detención de representantes de Ómnium Cultural y de la ANC; llevar a los alumnos ante una comisaría de policía para realizar cantos de carácter independentista y en contra de la Policía Nacional; adoctrinar al alumnado del centro en contra de las fuerzas de seguridad y del Estado Español o inculcar a los alumnos “de forma reiterada” por parte de algunos profesores la ideología nacionalista. “No hay lazos amarillos ni libros de texto entre las quejas”, puntualizó Marugán a preguntas de los periodistas.
En octubre de 2017, antes de la aplicación del artículo 155, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, en respuesta a los requerimientos de Educación, consideró que en las fechas y en los centros denunciados “se produjeron manifestaciones promovidas por el alumnado que contaban con autorización paterna”. “Las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos”, sostenía la Generalitat.
Marugán sí constató que la “difícil situación política” en Cataluña se ha trasladado también al ámbito educativo. “La utilización de las instalaciones y centros para actos de reivindicación política es buena muestra de ello”, señaló Marugán.