El fiscal evita acusar al vicepresidente catalán por el referéndum
El ministerio público no ve indicios de desobediencia contra Pere Aragonès
La Fiscalía Superior de Cataluña no ve indicios suficientes para investigar al vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, por un delito de desobediencia en relación con el referéndum del 1-O. La fiscalía ha respondido a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la posibilidad de abrir una investigación penal contra Aragonès y contra dos diputados de Esquerra Republicana (ERC), Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
El juez de Barcelona que investiga el referéndum —y que mantiene investigadas a unas 40 personas, incluidos altos cargos de la Generalitat— elevó en julio una exposición razonada
pidiendo que se abriera investigación contra Aragonès y Jové. Antes de adoptar una decisión, el TSJC dio traslado a la fiscalía, que ahora se ha posicionado a favor de investigar a Jové pero no a Aragonès.
El magistrado de Barcelona argumentó que Aragonès no hizo nada por impedir la votación pese a que le fueron notificadas las resoluciones del Tribunal Constitucional que anulaba el referéndum y las advertencias de que debía evitar su celebración. Aragonès ejercía entonces como secretario de Economía y número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, hoy encarcelado.
En su escrito, el fiscal Pedro Ariche critica que la petición del juez es “excesivamente parca” al indicar “los concretos indicios incriminatorios” que justifiquen
abrir una causa penal contra él. Al menos, “por el momento” y a la espera de que el juez, si quiere, siga practicando diligencias y recabe nuevos indicios. Ariche insiste en que “no es igual la conducta de quien despliega toda su influencia para celebrar el acto prohibido” a la de aquél que, como Aragonès, “desde una posición de subordinación y con funciones totalmente diferenciadas, se limita a no impedir la actuación de otros departamentos”
La fiscalía, sin embargo, sí se muestra favorable a que la Sala Civil y Penal del TSJC abra una investigación contra Jové por su condición de diputado en el Parlamento catalán y, como tal, aforado. El fiscal ve indicios suficientes para investigar a Jové, considerado como uno de los arquitectos del procés, por los delitos
de malversación, revelación de secretos y desobediencia. El diputado, que ya estaba siendo investigado en el juzgado de Barcelona, era responsable de procesos electorales en el Gobierno de Carles Puigdemont. Los investigadores le incautaron documentos clave en las causas del procés. Uno es el documento Enfocats, considerado la hoja de ruta del independentismo. El otro, una agenda Moleskine manuscrita con anotaciones sobre el proceso independentista.
A Jové se le atribuye ser el “responsable directo” de malversar 2,2 millones de euros. El fiscal recuerda que, con la actual redacción del delito de malversación, basta con que el dinero público haya sido empleado para “fines contrarios a los propios de la administración”.