El debate sobre la obligatoriedad de las vacunas se reabre en Europa
Italia es el primer país democrático que plantea que todos sus ciudadanos deban recibir el pinchazo, aunque muchos países ya lo hacen con determinados sectores
Cuando comenzó la campaña de vacunación, a finales del año pasado, la mayoría de la población quería inmunizarse y las autoridades debían vigilar que no se colasen pillos. Pero a medida que más ciudadanos se pinchan, llegan más viales y una variante más contagiosa se propaga, algunos países occidentales buscan incentivos o imponen la vacuna a ciertos colectivos. Italia dio la semana pasada un paso más. Su primer ministro, Mario Draghi, aseguró el jueves que estudiará obligar a su población a vacunarse cuando la situación lo permita, lo que convertiría a su país en la primera democracia en hacerlo.
Ningún otro, por el momento, ha dado el paso de hacer obligatoria la vacunación frente al coronavirus a todos los ciudadanos. Pero 21 países de la Unión Europea exigen el certificado covid para acceder a conciertos, espectáculos, encuentros deportivos, bodas, bares o piscinas. En España, cuatro comunidades (Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias) han intentado tomar esa medida, pero sus tribunales superiores han considerado que la prueba de vacunación no puede usarse como salvoconducto. Otros países van más allá: en Italia la inmunización ya es obligatoria para sanitarios y profesores y en Francia todo su personal esencial en contacto con el público tiene que estar vacunado si no quiere que le retiren el sueldo.
En EE UU las tasas de vacunación volvieron a crecer después de que varios Estados obligaran a los trabajadores públicos a inocularse y prohibieran el acceso a cada vez más espacios públicos y de ocio a los no inmunizados, según The New York Times.
Ni los incentivos ni la obligatoriedad son exclusivos de esta pandemia. Según el Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, 11 países de la UE obligan a los menores de 18 meses a ponerse al menos una vacuna. Son Italia, Letonia, Bulgaria, Croacia, Francia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa, Grecia y Bélgica. La discusión tiene tres aristas: el encaje legal, que siempre se puede cambiar a voluntad de los gobernantes, el lado ético y si resulta conveniente.
A lo último, Mohammad Sharif Razai, del Instituto de Investigación de Salud de la Población St. George’s, de la Universidad de Londres, responde que suele ser contraproducente: “La evidencia muestra que la vacunación obligatoria probablemente aumentará el rechazo a la vacuna y el incumplimiento de las intervenciones no farmacológicas como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y otras medidas”.
Sharif, que ha escrito sobre los factores que pueden influir en las personas a la hora de aceptar las vacunas, explica: “En la mayoría de los países, el rechazo a las vacunas es menor [que el respaldo], por ejemplo, en el Reino Unido es menos del 7% de la población”. En España se sitúa en un 4%, según la última encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esa aceptación casi generalizada es la principal razón que esgrimen los expertos en salud pública y bioética consultados por EL PAÍS para rechazar la obligatoriedad. “En estos momentos, cuando la adherencia a la vacunación es tan elevada, más vale no mover lo que ha funcionado. Pero en esta pandemia tampoco se puede desechar nada. Aunque no creo que obligar a vacunar sea un elemento de urgencia del debate ahora”, opina Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Sociosanitarios
En España, la cuestión se centra en algo que ya se hace en otros países y piden al menos cinco comunidades, además de las patronales de las residencias: que la vacuna sea obligatoria para los trabajadores de los centros sociosanitarios, que están en contacto con personas vulnerables. Idea que respaldaron el 67% de los 1.000 preguntados en una encuesta en España publicada por la consultora Appinio.
Otra opción a priori más garantista, que proponen los técnicos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: hacer pruebas dos veces por semana a quienes se nieguen a inocularse y valorar su traslado de puesto. Aunque es legal, presenta un problema logístico: la única tarea en las residencias es cuidar a los ancianos, según se quejan las patronales.
En última instancia, tendrán que ser los jueces quienes resuelvan desde conflictos laborales ocasionados por la vacuna hasta si es legal pedir un certificado vacunal para entrar a un establecimiento. “Los tribunales están tumbando estas medidas en España porque no las ven proporcionales”, dice Nuria Amarilla, de la Asociación de Juristas de la Salud. “Tenemos una ley de medidas especiales de Salud Pública que permite un amplio margen de actuación, lo cual es positivo para poder interpretarla según el contexto”, subraya. Con esta ley en la mano, un magistrado autorizó la vacunación forzosa contra el sarampión de unos niños cuyos padres se negaban a que les pinchasen tras un brote en 2010 en Granada.
Los expertos abogan por persuadir antes que obligar. Los antivacunas acérrimos tienen algún peso en países como Francia y Estados Unidos, pero incluso allí no dejan de ser muy minoritarios. En España son irrelevantes. A ellos será casi imposible convencerlos, pero sí hay posibilidad de hacer cambiar de opinión a los dudosos, opina en un artículo de la BBC David Robson, autor del libro La trampa de la inteligencia: por qué la gente inteligente hace tonterías. Aboga por escuchar en lugar de imponer, ser respetuoso con las opiniones y temores ajenos y tratar de establecer un diálogo, en lugar de un discurso.
Robson explica la teoría de las cinco c, postulada antes de la pandemia. Es un modelo psicológico que establece cinco factores que influyen en la toma de decisiones sobre la salud, y sobre los que se puede trabajar para declinar al mayor número de personas del lado de la balanza de la vacunación. Son confianza (en la seguridad de las vacunas, los políticos…), complacencia (si alguien cree que su salud está en riesgo), cálculo (de coste-beneficio), conveniencia (el acceso a la vacuna) y responsabilidad colectiva (la voluntad de proteger a los demás de la infección).