Dos detenidos por alterar subastas de la Seguridad Social
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron ayer la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz dentro de una operación que ya suma dos detenidos. La policía investiga si ambos han cometido un delito de alteración de las subastas públicas de bienes intervenidos por la Seguridad Social. Uno de los arrestados es un funcionario de Cádiz que actuaba en connivencia con el otro investigado, un subastero particular de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera.
Ambos detenidos favorecían supuestamente a determinadas personas interesadas en pujar por bienes intervenidos por la Administración. Para ello, el funcionario jefe recurría al subastero y, entre los dos, alteraban el concurso para favorecer a las personas que les contactaban. Aparentemente, la puja cumplía los criterios de publicidad exigidos para este tipo de procedimientos. Sin embargo, los concursos siempre los ganaban las mismas personas, según han explicado fuentes cercanas al caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Denuncia de terceros
Los detenidos llevaban tiempo amañando presuntamente las subastas de la Seguridad Social hasta el punto de que era “ampliamente conocida” su forma de operar, según dichas fuentes. La policía inició la investigación a raíz de la denuncia de una tercera persona afectada por la trama. Las pesquisas se saldaron en una primera fase con el registro en la sede de la Tesorería. En las oficinas de la Seguridad Social de Cádiz, ubicadas en la plaza Asdrúbal, los agentes buscaron documentos y pruebas de dichas alteraciones de las subastas.
La Tesorería General de la Seguridad Social se encarga de ejecutar las subastas de bienes embargados a deudores. Estas pujas suponen la última fase del procedimiento administrativo de apremio y, con ellas se intenta cobrar la deuda contraída con la Administración.
Fincas (rústicas y urbanas), vehículos, embarcaciones, maquinaria de diverso tipo, mobiliario de oficina, material ofimático y toda clase de bienes muebles o inmuebles son susceptibles de embargos y posteriores subastas. Los procedimientos están abiertos a todos los ciudadanos que quieran pujar, de ahí que se deba cumplir siempre el principio de publicidad.