Las cinco potencias de la UE presionan para fijar un tipo mínimo del 15% en sociedades
Los países amenazan con implantar la medida sin esperar al resto
El objetivo de las principales economías es que se aplique en 2023
Las cinco mayores economías de la Unión Europea han perdido la paciencia con Hungría y su veto a implantar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Alemania, Francia, Italia, España y Holanda presentaron ayer una declaración conjunta en la que las empresas asuman “su parte justa de la carga para aliviar el impacto de la crisis energética mundial”. “Si no se alcanza la unanimidad en las próximas semanas, estamos dispuestos a poner en práctica la imposición mínima efectiva global en 2023 y por cualquier medio legal posible”, advierten en texto suscrito por los respectivos ministros de Economía y Finanzas.
El primer destinatario del mensaje es, claramente, Hungría, el país que bloqueó en junio la trasposición del acuerdo en la Unión Europea que alcanzaron casi 140 países, coordinados por la OCDE. Durante la primera mitad de este año, en que la presidencia del Consejo de la UE le correspondió a Francia, su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, trató de lograr la aprobación del reglamento que propuso la Comisión. Pero primero Polonia y, finalmente, Hungría hicieron imposible su aprobación, ya que al tratarse de un asunto fiscal requiere la unanimidad de Los Veintisiete.
Ahora, estos cinco estados lanzan esta especie de ultimátum en la primera reunión de ministros de Finanzas de la UE, el llamado Ecofin, el órgano que tiene que aprobar la propuesta. Esa medida no estaba en la agenda de esta reunión, o al menos nada muy concreto, por lo que este movimiento también puede leerse como un recordatorio a la República Checa, el país que ha tomado el testigo de Francia, de que el compromiso adquirido con la OCDE y ese centenar largo de países de todo el mundo tiene que aprobarse cuanto antes. Aunque no parece que Praga vaya a correr más de lo previsto por este movimiento: “No creo que octubre [fecha del siguiente Ecofin] sea un plazo, creo que el plazo es la presidencia”, declaró el ministro de Finanzas checo, Zbynek Stanjura. “Queremos llegara a un acuerdo, tendremos paciencia”, añadió.
En teoría, la reunión del Ecofin del mes que viene es la primera cita en la que podría aprobarse la creación de este suelo porque ese encuentro ya será formal y, por tanto, tendrá capacidad de adoptar decisiones formales. No en la de este vienes en Praga, puesto que es informal. No obstante, fuentes próximas a los países de los que parte la propuesta han señalado que no hay porque “limitarse a las formalidades”. “Esta declaración es una señal fuerte”, añadieron.
La intención de los cinco países que dan este paso, si “en las próximas semanas” no se llega a ese punto común de todos los Estados miembro, es llegar incluso a lo que se llama cooperación reforzada. Cuando una iniciativa encalla en el Consejo de la UE al no requerir el apoyo requerido, en este caso la unanimidad, se puede recurrir a esta herramienta, que requiere el apoyo de, al menos, nueve Estados miembro. Por tanto, a los cinco grandes les faltaría, que se sumaran otros cuatro si finalmente Budapest mantuviera su veto. “La unanimidad es la mejor opción; la segunda, la cooperación reforzada”, añaden en uno de estos países.
El objetivo de este quinteto es que la nueva tasación llegara tiempo para implantarse en 2023 para evitar la “competencia fiscal a la baja”, como ha recordado la vicepresidenta primera y ministra de Economía española, Nadia Calviño, en la presentación del comunicado conjunto, en un acto en el que han hablado los cinco titulares de Finanzas sin admitir preguntas. La vicepresidenta española ha remarcado: “Tenemos que incorporar al ordenamiento jurídico europeo los compromisos asumidos en el marco del G20 y la OCDE para que haya un impuesto mínimo de sociedades en Europa y para que avancemos a un sistema fiscal más justo”. Calviño ha agregado: “En este momento en que los ciudadanos europeos están enfrentándose a retos importantes necesitamos asegurarnos de que no existe una competencia fiscal a la baja y de que nuestros sistemas fiscales son justos y las grandes empresas también contribuyen al coste de la guerra”.
El Gobierno húngaro bloqueó en junio la trasposición del acuerdo