92 personas procesadas por la extorsión a miles de puteros ‘on line’
La trama amenazaba a las víctimas con difundir en su entorno que eran clientes de servicios sexuales en internet
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por organización criminal y extorsión a los 92 presuntos miembros de una organización criminal, uno de ellos menor de edad, que chantajeaba a los usuarios de una página web de prostitución con la amenaza de poner en conocimiento de sus familias que habían intentado contratar servicios sexuales. Informes de la Guardia Civil incorporados al sumario cifran en cerca de 4.000 el posible número de víctimas repartidos por “la práctica totalidad del territorio nacional”, aunque el juez solo cita en su auto un centenar de casos. El magistrado señala a dos veinteañeros imputados, Ismael Bousnina Obando, alias Salva, y Massinissa Ferrah Múñoz, Erik, como los presuntos cabecillas de la trama.
Ellos se encargaban supuestamente de llamar a las víctimas para exigirles en pago de una cantidad de dinero que variaba según los casos. “En media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”, “baja el tonito de voz si no quieres que te parta las piernas”, y “venga, hijo de la gran puta, ahora vas a ver, te voy a pegar dos tiros cuando te vea; te voy a vaciar un cargador en la cabeza”, eran algunas de las amenazas que vertían por teléfono. Entre los chantajeados figura Abelardo Fernández, entonces entrenador del Deportivo Alavés, quien en una comparecencia pública contó que había denunciado ante la Guardia Civil y que había prestado declaración ante el juez. El exjugador de Sporting de Gijón y Barça efectuó en abril de 2018 cuatro pagos por un total de 30.000 euros.
La existencia de la trama salió a la luz en abril de 2018, cuando una de las víctimas acudió al cuartel de la Guardia Civil en Sarrión (Teruel) a denunciar que estaba sufriendo una extorsión, que no cesaba pese a haber hecho ya un pago. “Habrá consecuencias y tu familia se enterará”, le amenazaron. En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se extendieron a Navarra, Castellón o Gipuzkoa. Se iniciaba así la Operación Lubido-Hezurra, cuyas primeras pesquisas apuntaron como origen de los chantajes sexuales a la provincia de Valencia, donde estaban las sucursales bancarias en las que la trama había
El exfutbolista y entrenador Abelardo Fernández está entre los chantajeados
abierto las cuentas para recibir el dinero. Unos meses después, en octubre de 2019, fueron detenidos los presuntos cabecillas, Salva y Erik. Junto a ellos, fueron arrestadas una treintena de personas, entre ellos el futbolista del Levante Antonio García Aranda, Toño, acusado de guardar en su casa 4.820 euros de uno de los presuntos líderes de la trama. Toño, que en la actualidad no tiene equipo, es uno de los 92 presuntos
integrantes de la trama señalados en el auto.
La investigación fue inicialmente asumida por un juzgado de Teruel, donde se presentó la primera denuncia, para pasar posteriormente a la Audiencia Nacional al operar la organización en más de una provincia. Según recoge el juez Calama en su auto, Salva y Erik ordenaban o efectuaban directamente la publicación de diversos anuncios en la página web de contactos sexuales para adultos pasion.com. Todos los anuncios tenían idénticos contenidos y números de teléfono de contacto, que los dos cabecillas controlaban directamente. Una vez que los usuarios de la web contactaban a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp con las mujeres que supuestamente prestaban el servicio, la trama se guardaba sus números de teléfono y obtenía información personal sobre ellos, fundamentalmente a través de los perfiles públicos de las redes sociales, para utilizarla durante la extorsión.
Una vez hecho esto, contactaban con las víctimas mediante llamadas de teléfonos o mensajes y se presentaban como los dueños “de varios pisos de alto standing”. En la comunicación les recordaban que hacía unos días habían concertado una cita con una de las chicas a la que no habían acudido. “Ahora el problema lo tienes conmigo y me vas a abonar lo que me has hecho perder”, les espetaban. Para lograr que pagaran, hacían saber a las víctimas que conocían datos personales suyos, como el lugar de residencia, el de trabajo o que tenían pareja, y que podrían difundir en sus entornos que eran usuarios de servicios de prostitución. Si ello no era suficiente, pasaban a las amenazas de muerte para coaccionarles.
El juez acusa a Salva de 55 extorsiones y amenazas consumadas cometidas en solo cuatro meses, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, y a Erik, de 32. Sin embargo, la Guardia Civil sospecha que la red podría llevar actuando “incluso años”.
“Te voy a pegar dos tiros cuando te vea”, espetaron a un afectado