Medio siglo de pugna por un presupuesto

Será grande o pequeño. Se aplicará de golpe o por fases. Se dedicará a financiar cualquier gasto o se centrará en la inversión o en el desempleo. Podrá ampliarse o no. Admitirá endeudamientos (a futuro) o los vetará.

Casi todo está en duda sobre el presupuesto propio de la eurozona. Incluso si se llegará a aprobar, pues concita un frente de rechazo de 12 miembros de la UE. Pues enciende polémica, el resultado de la propuesta simbolizará el avance, estancamiento o retroceso del ímpetu comunitario.

La cumbre europea que empieza mañana deberá impulsarlo o archivarlo. Pero no ignorarlo. Porque en su reclamación se han implicado las instituciones comunes —Comisión, BCE, Parlamento—, los movimientos europeístas y, ahora, los Gobiernos: sobre todo la Francia de Emmanuel Macron, que ha arrastrado a Alemania y ha encontrado el eco entusiasta de España.

Y porque llevamos medio siglo de reclamaciones de este instrumento: un fuerte poso. La primera de ellas fue en 1970, cuando se lanza un gran proyecto de unión monetaria. Que no era un capricho, sino producto de la necesidad de contrarrestar las turbulencias monetarias generadas por EE UU “y aislar a los europeos” de las mismas, como ha escrito el gran economista norteamericano Barry Eichngreen.

“Los datos esenciales del conjunto de los presupuestos públicos”, su “volumen”, “amplitud de saldos” y “modos de financiación” serán “decididos a nivel comunitario”, postulaba ese inaugural Informe Werner.

Aquel plan lo arruinó la suspensión de la convertibilidad del dólar por Richard Nixon. Y a los sucesivos intentos de resucitarlo, las crisis del petróleo de los setenta.

Pero dejaron buenas trazas. Así, el Informe Marjolin proponía, en 1975, una “política presupuestaria”, “completada por una capacidad de endeudamiento” —primigenia referencia a los eurobonos—, para crear “un sistema comunitario de protección contra el desempleo”: la “caja” de “solidaridad” europea sería la base para el seguro de paro común. Los Gobiernos la completarían.

O el también oficial Informe MacDouglas, que en 1977 puso cascabel de datos al gato presupuestario sin cifras. A largo plazo, el gasto de la “Federación en Europa” debería suponer entre el 20% y el 25% del PIB, como en EE UU y la RFA, proponía.

En una “fase previa”, podría acercarse a un abanico de “entre el 5% y el 7,5%; o entre el 7,5% y el 10% si se incluyese la Defensa”. Y en una inmediata “integración prefederal”, bastaría con triplicar el presupuesto de la época (0,7%) “hasta el 2% o el 2,5%”. También se dedicaría a fines económico-sociales, como las políticas de reequilibrio regional, mercado laboral o el desempleo. Un cañón completado con “poderes limitados de endeudamiento”.

Las sucesivas recesiones y el difícil liderazgo pusieron sordina a esas ideas. Pero quedaron algunos legados: la política regional y los fondos estructurales, que se duplicarían en la época Delors (1985-1995). Hubo que esperar a la moneda definitiva, la diseñada en 1989 por el Informe Delors, que rebajó esas utopías a un más practicable “paralelismo” entre la unión monetaria y la económica. En esta, “el presupuesto” sería muy inferior al soñado, pero a cambio podría “determinar la orientación presupuestaria del conjunto de la comunidad, mediante la coordinación” de las políticas nacionales de los entonces Doce. Pero si esta se frustrase, también capotaría el “equilibrio interno”. Y quebraría la “dosificación entre la política monetaria y la fiscal”, esa actualísima obsesión de Mario Draghi.

Pero Jacques Delors no se resignó, quiso recuperar el terreno cedido en 1993 mediante su Libro Blanco sobre Crecimiento, competitividad, empleo. Esta vez planificando una serie de nuevas infraestructuras continentales, de transportes, energía, telecomunicaciones. Destinaría a ello 400.000 millones de ecus (hoy, euros) entre 1994 y 1999. Pero no de dinero presupuestado —que los ministros de Hacienda racaneaban, como siempre— sino solicitado al mercado, mediante “obligaciones de la Unión” y otros instrumentos de endeudamiento, segundo intento de unos eurobonos.

Empeño abortado. De modo que hasta años después de entro-