El blanqueamiento de la corrupción alcanza el ‘caso ERE’
¿Conocía Sánchez el sentido de la sentencia del TC sobre Álvarez? La sospecha de parcialidad es inocultable
LA LUCHA contra la corrupción que Pedro Sánchez invocó en 2018 para ascender al Gobierno mediante una moción de censura ha mutado ahora en blanqueamiento. Primero, para justificar la amnistía, el presidente hizo suyas las acusaciones de lawfare contra los jueces y magistrados que procesan a los políticos y cargos del procés. Después, desde que un juez investiga a su mujer por corrupción, Sánchez pasó a presentarse él mismo como víctima de una cacería derechista. Ahora esta estrategia ha alcanzado al mayor caso de corrupción de la historia de España: las ayudas al desempleo que el PSOE repartió entre sus afines desde la Junta de Andalucía como medio para mantenerse en el poder. El caso ERE. Según el demoledor mensaje del Gobierno, también el proceso judicial que puso fin a un latrocinio canónico –en el que no faltó ni la desviación de dinero para prostitutas y cocaína– fue ilegítimo.
La oportunidad se la ha brindado la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la condena a Magdalena Álvarez por prevaricación.
Resulta inconcebible escuchar a la ex consejera socialista diciendo que ha vivido «más de 15 años» de «cacería» y que el caso ERE ha sido un «montaje político». Aunque lo más insólito es que, hace dos semanas, en el mitin de Benalmádena donde Begoña Gómez fue ovacionada, Sánchez rehabilitó públicamente a Álvarez por haber sufrido «el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años». ¿Conocía el presidente el sentido del pronunciamiento que haría el TC por la mayoría pétrea (7 a 4) favorable al Gobierno? Si sus miembros sienten un mínimo aprecio a la dignidad de la Corte de garantías, no se entiende que guarden silencio.
El TC puede anular la condena a Álvarez, como ha sucedido, pero no cambiar los hechos: la Junta creó un sistema para repartir con absoluto descontrol 679 millones de euros destinados a comprar la paz social para perpetuarse en el poder. Miles de desempleados se quedaron sin las ayudas a las que tenían derecho, mientras que las zonas más beneficiadas por este sistema clientelar fueron vaciadas de toda actividad económica. Esa fue la inmensa mancha del caso ERE, destapado en su día por los periodistas de EL MUNDO Sebastián Torres y Antonio Salvador en un ejercicio de impecable servicio público.
Magdalena Álvarez participó durante años en los Consejos de Gobierno que aprobaron esas decisiones presupuestarias. El TC considera ahora que parte de esas decisiones no pueden entenderse como actividades administrativas y, por tanto, no la hace responsable de ellas. La tesis es jurídicamente discutible, pues puede entenderse que el TC está sentenciando sobre legislación ordinaria –cosa que no le compete– y actuando de facto como un tribunal de casación que corrige un fallo del Tribunal Supremo.
La sospecha de parcialidad del TC, multiplicada por la intervención de Sánchez, es inocultable. Puede parecer que el Gobierno está utilizando al Constitucional más politizado y desprestigiado de la democracia para blindar la impunidad de sus afines.