Guerra escolar del Gobierno a las CCAA del PP
Pilar Alegría lanza avisos a Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana
MADRID El Gobierno le ha declarado la guerra educativa a comunidades autónomas gobernadas por el PP. Después de tres años de paz escolar, la ministra y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha pasado a la acción enviando desde su departamento tres cartas de advertencia a Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares –las tres regiones que más perfil político están teniendo en el uso de sus competencias educativas–, porque no habrían respetado la ley estatal en sus normas regionales.
El Ministerio remitió el pasado día 10 a Madrid un requerimiento, el paso previo a llevarle a los tribunales por lo contencioso-administrativo, porque dice que no ha respetado la Ley de Educación al no incluir a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en las pruebas de diagnóstico que hubo esta primavera para todos los alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO. Esta advertencia llegó tras una primera carta de colaboración «amistosa», según fuentes del Ministerio.
Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso responden que «no hubo ninguna instrucción para excluir a nadie» y que «lo que se hizo, ante la petición de los propios directores y profesores, fue permitir a los docentes que decidieran si estos alumnos debían hacer las pruebas o no atendiendo a su bienestar emocional, porque ellos son los que les conocen y saben si una prueba de este tipo puede afectarles».
El Gobierno también va a enviar un requerimiento en los próximos días a la Generalitat Valenciana después de remitir el pasado día 3 una carta de colaboración en donde también le advertía que estaba «incumpliendo la legislación básica» en el decreto autonómico que regula la admisión de alumnos en centros públicos y concertados, aprobado el pasado 23 de abril.
Entre otras cosas, el Gobierno sostiene que el decreto valenciano «no recoge todos los criterios regulados por la legislación básica» y, en concreto, no figura la condición de violencia de género o terrorismo. Además, «equipara la situación de acogimiento familiar al de hermanos matriculados en el mismo centro», siendo el segundo «un criterio prioritario» y el primero, «complementario». Y «omite supuestos contemplados como el traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, o a una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia».
Desde la Generalitat valenciana responden que «es competencia autonómica poder adicionar nuevos criterios de admisión, cuestiones que ya existen en otras comunidades autónomas» y que era la normativa anterior, del ejecutivo del PSOE, la que «no respetaba» la Ley de Educación.
El Ministerio ha remitido igualmente una carta de colaboración advirtiendo que la normativa de Baleares –que aún no está aprobada– tiene un error porque en las comisiones de admisión «no incorpora» a los representantes de los profesores y de los alumnos, como establece el artículo 86.2 de la Loe, modificado por la Lomloe.
La Consellería balear ha reaccionado cambiando la redacción en el borrador del decreto para que se incluya a profesores y alumnos, aunque recuerda que ya se incluía a los directores, «entendiendo que ya se representaba a los centros».
También ha cambiado la redacción «para que no haya dudas, si es que había», de que «las familias tienen el derecho de hacer los trámites de escolarización en cualquier centro y presencialmente», porque el Ministerio «entendía que el proceso de escolarización no estaba garantizado de manera presencial» actualmente.