Irresponsable huida hacia delante del fiscal general
LA FALTA de autoridad del fiscal general del Estado ha desbordado los límites de lo tolerable, incluso para los estándares de un Gobierno acostumbrado a instrumentalizar las instituciones. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró ayer ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que Álvaro García Ortiz le dio la orden «por imperativo» de difundir la nota de prensa con los datos reservados de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Tras admitir en un primer momento la «responsabilidad última» de este comunicado, el fiscal general terminó por asumir –después de que EL MUNDO lo publicara– que fue él quien dio la instrucción «directa» tanto verbal como a través de dos mensajes de WhatsApp. Su confesión deja a García Ortiz, que se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al borde de la imputación por un delito de revelación de secretos, lo que supone un hecho sin precedentes que compromete gravemente su autonomía.
La figura del fiscal general, considerada «no idónea» por el órgano de gobierno de los jueces, ha sido desaprobada repetidamente por la cúpula del Ministerio Público y desautorizada en dos ocasiones por el Supremo por el ascenso de Dolores Delgado. Una de ellas, por desviación de poder. Con esta trayectoria, y justo cuando se estrecha el cerco por la disfusión de los datos del novio de la presidenta madrileña, causa estupor que García Ortiz, en una irresponsable huida hacia delante, vaya a convocar a la Junta de Fiscales después de que los fiscales del 1-O se negaran a aplicar la amnistía a Puigdemont porque la malversación no se puede borrar. Las presiones del fiscal general desnudan su arbitrariedad y servilismo.
En lo que concierne a la nota con la que la Fiscalía General del Estado quiso puntualizar que la defensa de González Amador buscó en primer lugar un pacto de conformidad, la fiscal de Madrid ha confirmado la noticia, que este periódico adelantó, de que fue ella quien recibió la orden directa de García Ortiz de remitir desde su gabinete el comunicado con información confidencial. Con conciencia de la ilegalidad, tanto ella como su jefe de prensa se opusieron a difundir los datos reservados por ser incompatible con el deber de confidencialidad, aunque finalmente la fiscal lo hizo en virtud del artículo
García Ortiz, que se encuentra al borde de la imputación, convoca a los fiscales para imponer su criterio en la amnistía
25 del Estatuto Fiscal, que faculta al máximo responsable del Ministerio Público a «impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes» en ejercicio de sus funciones. En todo caso, la actuación de García Ortiz es inaceptable, máxime si persigue fines partidistas.
Mientras el Gobierno se prepara para acometer una reforma del Poder Judicial de dudosa base constitucional, la posición insostenible de García Ortiz ahonda en el descrédito institucional. Su única salida digna es renunciar al cargo.