DEBATE A CIEGAS Y ENCONADO SOBRE ABOLIR LA PROSTITUCIÓN
Fiscalía dice que el 92% de prostitutas son forzadas, la Policía lo niega; Hacienda dice que se dedican a la prostitución 150.000 personas, Interior estima que sólo 45.000... PSOE y PP pretenden legislar sobre una realidad cuya magnitud admite desconocer
Uno de los debates políticos más acalorados en la política y la sociedad españolas en los últimos tiempos es un gigante dialéctico con pies de barro factuales: carece de cifras sobre las que debatir. Políticos, organizaciones y hasta los propios ciudadanos se empeñan en dirimir qué hacer con la prostitución, los partidos se esmeran en proponer legislaciones –en este momento abolicionistas–, las fuerzas del orden combaten la trata y aportan también su perspectiva, el asunto ocupa tiempos de TV, portadas, columnas de opinión... Pero apenas hay cifras reales, confiables, con marchamo institucional, y mucho menos de consenso, sobre cuántas mujeres son forzadas en España a ofrecer su sexo a cambio de dinero –y cuántas, al contrario, lo realizan voluntariamente–.
El PSOE abrió fuego la pasada legislatura con una proposición de ley que terminó durmiendo el sueño de los justos al convocarse elecciones, pero que se ha renovado en el inicio de ésta: perseguir al consumidor de prostitución, al putero en la innegociable terminología abolicionista, y castigar también a quien cobre por espacios para que las mujeres se prostituyan, la denominada tercería locativa. Es decir, el modelo sueco: perseguir las dos patas esenciales del fenómeno, en la idea de eximir de culpa a las propias mujeres –desde esta perspectiva, siempre víctimas aunque ellas pudieran declarar que lo hacen voluntariamente– y de que las normas ya vigentes para perseguir a la otra pata fundamental, las que castigan el proxenetismo, en realidad no funcionan. En esto último sí hay consenso, porque en 2021, por ejemplo, sólo se condenó en España a una persona por este delito.
Los socialistas, no obstante, necesitarían al PP –que recientemente anunció su propia proposición sobre el tema, aún sin desplegar sus pormenores– para conseguir cristalizar la ley, ya que puede que no haya tema que divida más a su socio de Gobierno, Sumar, y en general al feminismo. A saber: mientras IU bebe del mismo abolicionismo clásico que el PSOE, Compromís y Más Madrid se han declarado contra el «punitivismo» y a favor de la regularización de la «actividad» y sus «trabajadoras»,
«LA POLICÍA HOY NO PUEDE ENTRAR A LOS PISOS, DONDE ESTÁ EL NEGOCIO DE VERDAD». DICEN EN APRAMP
y los comunes están en estos mismos parámetros. ¿Y Unidas Podemos? La ex ministra Irene Montero se declaró en la pasada legislatura abolicionista, pero señalando a la vez que «multar a los puteros no es eficaz».
Desde el Ministerio de Igualdad dirigido por Montero se lanzó hace ya casi dos años una iniciativa para poner luz en un debate sumido en sombras: en septiembre de 2022 se licitó un contrato por valor de 85.000 euros en orden a realizar una «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución». Quedó desierto, no hubo adjudicatario. La iniciativa se relanzó meses después y, según han confirmado fuentes ministeriales a EL MUNDO, «el estudio se está realizando y en este 2024 se harán públicos sus resultados». En Igualdad hoy por hoy admiten no tener datos fiables.
Entretanto, la cifra generalmente manejada es una estimación del Centro
de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), según la cual 45.000 mujeres ejercen la prostitución en España, sin entrar en su voluntariedad o no. El problema, aparte de tratarse de una mera estimación, es su año de procedencia: 2012. Desde todos los ámbitos se da por hecho que la cifra es mucho mayor: algunos expertos llegan a las 120.000 mujeres. En 2017, la Agencia Tributaria emitió un informe interno, al que ha tenido acceso este diario, para apoyar una operación policial contra la trata. En él estimó en 150.000 las personas en España «vinculadas a la prostitución», e incluso la cantidad que Hacienda recaudaría por impuestos: 2.800 millones de euros. El INE ha llegado a estimar que la actividad supone el 0,35% del PIB, y que mueve 4.210 millones al año.
Al lado, las cifras de detenciones y procedimientos por trata son minúsculas, y por ahí se complica el debate. En 2022, último año del que hay
«LAS TRABAJADORAS SEXUALES ESTAMOS CONTRA LA TRATA, LA COMBATIMOS», DICEN EN STOP ABOLICIÓN
cifras globales, Policía Nacional y Guardia Civil liberaron a 129 víctimas de trata, cuatro de ellas menores. En 1.810 inspecciones se detectó a 6.655 personas en peligro, un 99% de la cuales eran mujeres –de los hombres, por cierto, nadie habla–.
En esos dos polos se mueve no sólo la política: también las instituciones. La Fiscalía General del Estado, por boca de Beatriz Sánchez, que coordina la Unidad de Trata, repite desde hace años que «sólo entre un 5% y un 8% de mujeres que ejercen la prostitución lo hace de forma voluntaria». El 92% de prostitutas estarían, pues, forzadas. «Pero es que si eso es así», replican altas fuentes de la unidad policial especializada en trata, la UCRIF, «nosotros seríamos unos completos inútiles. Esos datos no son fiables, ésa es la realidad, lo vemos cada día en nuestras inspecciones».
Esta evidente discordancia entre Fiscalía y responsables policiales se ha reproducido incluso en diversos foros públicos en que ambos han intervenido. «¿Es que las mujeres que están ahí pueden elegir libremente?», repite Sánchez, que como fiscal logró las primeras condenas por proxenetismo en España, por ejemplo al tristemente célebre Cabeza de Cerdo, un inhumano mafioso rumano. «El 99% de las prostitutas son extranjeras, me parece sintomático de hasta qué punto pueden desear prostituirse», dice la fiscal. Es parte del debate: las prostitutas voluntarias, ¿lo harían si consiguieran otro trabajo?
Fuentes de UCRIF alegan, en un mensaje que entienden «impopular pero realista», que «hacemos inspecciones constantemente, con las asociaciones del ramo, vamos con ellas a los prostíbulos, ellas ven cómo nos entrevistamos con las mujeres y las atendemos, y la cifra del 92% de mujeres esclavizadas es completamente irreal. No cuadra por ningún lado».
Tampoco faltan desde las fuerzas del orden visiones en contrario. Por ejemplo la de Antonio Asensio, sargento de la Guardia Civil vinculado durante más de un decenio a la lucha contra la trata: «La única solución es abolir, la prostitución de lujo es muy escasa», sostiene el también autor de
(editorial Uno).
Una de las asociaciones más batalladoras en este ámbito, y siempre en constante colaboración precisamente con la UCRIF, es Apramp, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. «Sí hay cifras, pero no se explican bien», dice su directora, Rocío Mora, «y sobre todo no se explica lo difícil que es conseguir condenas, que cada institución haga bien su papel». «Por ejemplo la Policía ahora mismo no puede entrar en los pisos, porque para eso necesitas autorización judicial, y es donde hoy está el verdadero negocio. También están fuera de juego en la captación, que se está produciendo en gran medida por las redes sociales. Hay que abolir», acaba.
Donde Fiscalía y Policía sí coinciden, ambos sotto voce, es en culpar de alguna forma a los jueces del escaso número de condenas por prostitución coactiva: en 2022, apenas 35.
Y en lo que Apramp y la UCRIF coinciden, por otro lado, es en la dificultad de conseguir que las escasas mujeres que declaran contra sus captores mantengan sus denuncias en el tiempo: «La lentitud judicial es tal», dicen los policías, «que muchas veces el miedo vence y se te van».
Desde Apramp –que por cierto asume que «algún porcentaje de prostitutas voluntarias sí hay, y ningún problema a que hagan con su vida lo que quieran»– se denuncia que las asociaciones de trabajadoras sexuales que piden la regulación «son en realidad un lobby de proxenetas», pero varios partidos sí les dan crédito.
Susana Pastor, de Astras, que forma parte de Stop Abolición, señala: «Se intenta confundir la trata con la prostitución voluntaria y son cosas muy distintas. Nosotras estamos radicalmente contra la trata, y trabajamos con las fuerzas del orden, pero queremos que nos dejen trabajar también». El mantra desde este ámbito invoca el libre albedrío: «Con esto nunca se ha acabado y nunca se va a acabar, por algo es el negocio más viejo del mundo. Precisamente habría cifras claras si se legalizara y no se mantuviera en la ilegalidad a tantas personas».
La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntó fue en 2008: un 32,1% de hombres españoles admitió haber pagado por sexo. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, repitió la pasada legislatura el argumento de que España es «el primer país de Europa y el tercero del mundo» en consumo de prostitución, tras Puerto Rico y Tailandia. El dato procede de otra antigua encuesta de Naciones Unidas y que vincula con el consumo de sexo pagado al 39% de varones españoles.
«Ya, pero ¿cuántas de esas mujeres son en verdad forzadas?», repiten en UCRIF, en Astras y en los partidos políticos regulacionistas.