Factura millonaria por el retraso de Ribera en el cierre de Garoña
Iberdrola y Endesa ultiman una auditoría de costes antes de reclamar al Gobierno
Iberdrola y Endesa están haciendo números por la central nuclear de Santa María de Garoña. Las dos eléctricas, propietarias al 50% de la instalación atómica burgalesa, están trabajando en una auditoría como paso previo antes de extender una factura multimillonaria al Gobierno por el sobrecoste que ambas compañías han afrontado durante los años que han tenido que alargar su gestión de la planta, en situación de cese definitivo de actividad desde agosto de 2017, por el retraso en el trasvase de su titularidad al Estado.
Distintas fuentes del sector consultadas por EL MUNDO coinciden en que el proceso de nacionalización de Garoña debería de haberse resuelto en un par de años. Como tarde, a principios de 2020. A partir de ese momento, la gestión de la central debía quedar en manos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), cuya dirección estratégica es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.
A día de hoy, las dos eléctricas todavía son titulares de la instalación, cuyo coste anual ascendería al entorno de los 10 millones de euros, apuntan las voces más conservadoras, y rondaría los 40 millones, según otras fuentes más generosas. La compensación total que las dos mayores eléctricas del país pedirán al Gobierno por Garoña podría oscilar, por tanto, entre los 30 y los 120 millones de euros.
En otoño de 2022, en el Consejo de Sefuridad Nuclear (CSN) se barajaba que en marzo de 2023 Enresa
sería ya la titular de Garoña. Pero no fue hasta No fue hasta hace dos semanas que el CSN emitió su informe favorable a la transferencia de la gestión de la central burgalesa a la empresa pública desde Nuclenor, la sociedad conjunta de Iberdrola y Endesa. El documento del Consejo es el primer paso para culminar el proceso que ahora sólo está pendiente de la autorización de Transición Ecológica.
Varios factores se han combinado para aplazar consecutivamente este proceso. La pandemia no ayudó a agilizar las cosas. Tampoco la carga de trabajo que ha mantenido el Consejo de Seguridad Nuclear últimamente, cuando en paralelo a la cuestión de Garoña ha tenido que tramitar la renovación de seis centrales nucleares. Con todo, la totalidad de las fuentes consultadas coinciden en que el trámite de Garoña podría haber ido mucho más rápido de no haber sido por el portazo definitivo que Transición Ecológica dio a finales del año pasado al plan para construir un almacén nuclear temporal centralizado (ATC) para los residuos atómicos en el municipio manchego de Villar de Cañas.
Desde que desembarcó en el ministerio, Ribera frenó en seco el proyecto del ATC, eje central del plan nacional de gestión de residuos atómicos que había predominado en España desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la iniciativa en 2004. Ribera ha dado un vuelco a la estrategia nacional y ha apostado por la construcción de siete almacenes temporales descentralizados (ATD). El giro de acontecimientos ha sido determinante a la hora de postergar el proceso de cierre de Garoña, un retraso por el que el Gobierno deberá rendir cuentas.
«La falta de concreción sobre la estrategia de la gestión del combustible atómico gastado ha sido un factor importante en el retraso, pues la decisión del Gobierno de apostar por la construcción de los siete almacenes individualizados, el CSN tuvo que revisar la seguridad nuclear y la protección radiológica a largo plazo de Garoña», señala una fuente próxima al proceso de nacionalización.
El giro de Ribera respecto al modelo de gestión de residuos atómicos también ha obligado a rediseñar el plan de desmantelamiento de Garoña. En concreto, ha requerido aumentar la capacidad del almacén individualizado de la central burgalesa para concentrar el volumen de residuos que, inicialmente, iban a ir a parar al ATC de Villar de Cañas.
En detalle, si con el viejo plan el almacén de Garoña fue habilitado para acoger una decena de contenedores para combustible atómico, ahora incorporará otros 44 contenedores que se encuentran en proceso de fabricación, a fin de almacenar allí todo el inventario de elementos combustibles que ahora se encuentran en la piscina de la central.
El sector teme que la escasa planificación que está marcando el desmantelamiento de Garoña se repita en los sucesivos cierres del parque atómico español. El apagón nuclear que ha diseñado Gobierno arrancará en 2027 y concluirá en 2035. El punto de no retorno del proceso es 2024, fecha tope para cerrar los aprovisionamientos de uranio que se realizan con tres años de antelación.
Achacan el retraso al giro del Gobierno en la estrategia de residuos atómicos
Abren la vía a una reclamación de responsabilidad patrimonial
El sector teme que el caos de Garoña se repita con próximos cierres
Técnicos señalan que el trasvase a Enresa lleva tres años de retraso