Osama, concejal
SI EN Estados Unidos el Tribunal Supremo estuviera decidiendo contrarreloj si admite la presentación de las listas electorales de Al Qaeda en las elecciones municipales pensaríamos que los americanos se han vuelto locos. Es absurdo –diríamos– dedicar tantos años, tantas vidas y tanto dinero en la lucha contra Bin Laden hasta acabar matándolo y, sin embargo, permitirle rentabilizar el terror legalmente, capitalizar en dinero público la sangre de sus víctimas, utilizar el crédito social del miedo para mantener como rehén a toda una nación.
No sé si la Constitución de Estados Unidos lo permitiría, pero si así fuese no tengo dudas de que sería enmendada para adecuar el espíritu de las leyes a las necesidades actuales de los ciudadanos y la causa de la libertad. Para eso está el Parlamento: para que los de Bin Laden no puedan presentarse en Nueva York.
Aquí, en la escombrera de lo que antiguamente se llamaba España, sucede al revés. El Tribunal Constitucional, formado por representantes de los partidos políticos, que no son jueces de prestigio –a menudo ni siquiera jueces y carentes de prestigio desde Rumasa al Estatuto de Cataluña–, debate si le enmienda la plana al Tribunal Supremo y deja que se presenten a las elecciones las listas de Al Qaeda con las siglas de algo parecido a la YMCA, Viva la Gente o los Musulmanes Negros de Farrakhan. En los USA, el Tribunal Supremo podría anular una decisión legal por falta de garantías, pero no facilitaría que el terrorismo abrevase en el Presupuesto. Ni los medios, aunque mayoritariamente progres, lo respaldarían. Aquí, sí.
Aquí, los medios que atacan a Obama por cumplir el mandato legal del Congreso y el Senado para atrapar a Ben Laden «vivo o muerto» defienden el derecho de la ETA a burlarse de la ley y utilizarla en su beneficio. En esos medios no sólo hallamos radicales a lo Michael Moore, sino conservadores que sostienen que liquidar terroristas es peor que dejarlos en paz, o sea, en guerra. Porque aunque irregular y cobarde, dirigida contra la población civil y no contra un Ejército, lo de Osama y los carniceros etarras es lo mismo: una guerra declarada como tal aunque sin correr el riesgo militar que la guerra entraña.
Aquí, para evitar lo que Conde-Pumpido en pleno idilio Gobierno-ETA denominó «un Guantánamo electoral», hay jueces dispuestos a legalizar que cualquier Osama sea concejal. Y sin disolver Al Qaeda, su única baza electoral.