Críticas a la norma sobre responsabilidad del Estado por su parco ajuste al fallo del TJUE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, pero con muchas críticas, el informe del Anteproyecto de Ley sobre responsabilidad patrimonial del Estado por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión que empezó a tramitar el Gobierno en mayo, pero que se quedó paralizado ante el adelanto de elecciones. El Poder Judicial considera que el texto no da cumplimiento de forma concreta al fallo del TJUE ni se adecua al principio de efectividad.

Esta norma se proyectaba con el objetivo de modificar tres leyes (la reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la del Régimen Jurídico del Sector Público y la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) para adaptarlas al fallo del TJUE del 28 de junio de 2022. La sentencia declaró que España viola el principio de efectividad en su regulación de esta materia al condicionar la indemnización de los daños ocasionados a los particulares a distintos requisitos que, en opinión del tribunal, imposibilitan o hacen muy difícil obtener la reparación.

El CGPJ considera que el anteproyecto opta más por mantener la estructura actual que por desarrollar la regulación que “diese cumplimiento de forma completa y coherente a la sentencia del TJUE, acogiese la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, por extensión, se adecuase correctamente al principio de efectividad.

Por otro lado, critica que el anteproyecto mantiene en un año el plazo de prescripción del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial desde una sentencia del TJUE o de órganos nacionales. Según el CGPJ, este plazo no debe ser aplicado si se exige el requisito de obtener una sentencia desestimatoria firme del recurso contra la actuación administrativa y dicha resolución se dicta con posterioridad a dicho años.