Extender la subida de los tipos lastraría la creación de empleo
El abrupto endurecimiento de la política monetaria no solo asediaría a la economía desde dentro, sino también desde fuera. Un menor crecimiento nominal de la zona euro se trasladaría a un menor crecimiento del PIB español por una menor contribución de la demanda externa, otro de los grandes pilares durante 2022. “Ante este escenario, se da un menor crecimiento del PIB español, que llega a desviarse un -0,6% respecto al escenario base, principalmente por una menor contribución de la demanda externa”, explica el documento que el Gobierno envió el pasado 28 de abril a Bruselas.
No es el único sostén económico que se vería afectado llegado el caso. La caída de los ahorros, las mayores restricciones al crédito y el plausible aumento extraordinario de los tipos, dejan todo en manos del empleo. Los datos conocidos el pasado jueves correspondientes al pasado mes de abril dan oxígeno a los hogares.
Abril sumó 238.436 afiliados más, firmando el mayor incremento en este mes desde que se registran las cifras cifras. Sin embargo, buena parte de la creación de empleo se generó en el sector turístico, muy dependiente de la demanda externa. Una variable que se verá amenazada por un empeoramiento de las economías europeas. Si se cumplen los peores pronósticos, la creación de puestos de trabajo se vería mermada, como consecuencia del empeoramiento del resto de variables. Dentro de los riesgos previstos por el Ejecutivo en caso de una abrupta subida de los tipos, el empleo a tiempo parcial comenzaría a resentirse ya este 2023 cayendo una décima. El deterioro llevaría al principal motor de la economía a recortar su vuelo un 0,9% en 2026, según detalla el programa de estabilidad presupuestaria, que ya estudia la Comisión Eurpea.
Déficit y deuda también se verían penalizadas, en plena cuanta atrás para la recuperación de las reglas fisclaes comprometidas con Bruselas. El documento estima que la deuda podría crecer en un 2,7% del PIB en 2026. El plan de consolidación fiscal sigue siendo discutido entre el ejecutivo comunitario y el gobierno alemán.