Golpe al pequeño propietario

La futura Ley de Vivienda eleva el intervencionismo en el alquiler, lo que reducirá las inversiones y aumentará los precios

El Gobierno y sus socios cierran un acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda. La regulación incluirá todas las iniciativas que pedía Podemos que aumentan el intervencionismo en el alquiler. Es el caso del tope a la subida de las rentas, que se mantendrá en el 2% en el presente 2023, para elevarse al 3% en 2024. A partir de ese año se creará un nuevo cálculo, pero siempre inferior al IPC. Asimismo, se rebajan los criterios para la declaración de zona tensionada para aumentar el alcance de las medidas. La ley también permitirá que un inquilino cuyo contrato esté próximo a finalizar se acoja a una prórroga de tres años a la que el dueño no podrá negarse. Y por si faltara algo, la norma aprueba limitaciones tanto para pequeños como grandes propietarios. Así, reducirá el límite de propiedades para ser considerado gran tenedor, que pasará de 10 a solo cinco. En el caso de los particulares deberán mantener el precio del anterior alquiler en el contrato nuevo, mientras los grandes tenedores contarán con un índice de contención de precios que va a diseñar el Gobierno para las zonas tensionadas. Es decir, el Ejecutivo no se conforma ya con los grandes fondos sino que eleva su intervencionismo a los pequeños propietarios a los que pretende castigar y demonizar por el mero hecho de tener varias casas. Supone un ataque a la propiedad privada cuyas consecuencias serán nocivas para el inmobiliario, ya que ahuyentará la inversión, y para los propios inquilinos. De hecho, la normativa ahondará en la alarmante reducción de oferta de vivienda para alquiler (un 50% menos entre 2020 y 2022). Salta a la vista de todos, excepto para el Gobierno, que el mayor intervencionismo provocará que muchos propietarios suban los precios o retiren sus activos del mercado.