La multiplicación de los panes y los peces, según el Gobierno
Después de la tormenta, llega la calma. Tras la sarracina del Gobierno y el tour turístico por Estados Unidos, Sánchez quiere irse de vacaciones dejando buen sabor de boca. El miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para anunciar la mayor transferencia de fondos de la historia, más de 112.2130 millones; el jueves, fue el mismísimo presidente, Pedro Sánchez, quien celebró una de sus homilías televisivas a la nación, para remarcar que está cumpliendo con todos sus compromisos y que la recuperación va viento en popa y a toda vela. Mentira y gorda, como veremos. Y el viernes, reunió a todos los presidentes menos el catalán, y a los representantes de los ayuntamientos, para ponerles los dientes largos con los miles de millones que vendrán de Europa y confirmar que más de la mitad de los nuevos recursos irá a las autonomías. Fue el acto de multiplicación de los panes y los peces por el Gobierno.
Para que el sonido de la música celestial fuera perfecto, Sánchez hizo coincidir su comparecencia televisiva con la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que trajo una creación de empleo casi récord de cerca de 450.000 puestos. En Moncloa son unos grandes organizadores de ceremonias oficiales.
Pero, como siempre, la procesión va por dentro, no todo lo que reluce es oro. La conferencia organizada por Montero con los consejeros económicos el miércoles, la primera vez que reunió a todas las autonomías en el último lustro, guardaba un regalo envenenado, un sistema de distribución del dinero basado en la población en lugar del PIB, que perjudica a las autonomías ricas. Y naturalmente, la más rica es Madrid. La obsesión de Montero con
Isabel Díaz Ayuso es incluso peor que la de Sánchez. Como aperitivo a la armonización fiscal que prepara para obligar a tributar por sucesiones y donaciones a todos los madrileños, les da un viaje de 700 millones, la merma que sufrirán en las transferencias del Gobierno, sin contar los fondos europeos.
Pero aún hay más. Al encuentro acudió por primera vez en cinco años el conseller de Economía de la Generalitat, el independentista Jaume Giró, que salió satisfecho con todo. ¿A qué se debe esta acomodación tan rápida, cuando hace solo unas semanas que evaluó en casi 17.000 millones el déficit fiscal del Estado con Cataluña?
Montero condonó 3.900 millones de deuda por los adelantos realizados a comienzos de 2020 a las autonomías para combatir la pandemia. De los que más de mil millones corresponden a Cataluña, según el propio Giró, aunque Hacienda lo niega. Eso explica su silencio.
Sánchez compra voluntades a golpe de talonario. Total el dinero no es suyo, ¡qué más da! La misma maniobra que utilizó para atraer al lehendakari, Íñigo Urkullu, a la conferencia de Presidentes. La víspera le transfirió la gestión de las tasas Google y Tobin, y en breve lo hará con la renta básica, ya lo verán.
El Gobierno vive un momento espléndido. Entre el dinero que llega de Europa y la suspensión de los límites de deuda y déficit, el margen de maniobra es infinito. Lo hemos visto esta semana, en la que a la par que se aprobó un techo récord de gasto público de 196.000 millones, se convocaron 30.000 plazas de empleo público, que ya suma 110.000 puestos de trabajo en la legislatura. Es el momento de animar el consumo y la recuperación, para que “nadie se quede atrás”, según el sainete oficial. Ya veremos cuando llegue la hora de ajustarse el cinturón.
Moncloa se equivoca. La historia económica desde la transición demuestra que la transferencia de fondos a las autonomías más pobres, Castilla-La Mancha, Extremadura o Andalucía, no se tradujo con el paso de los años, en un incremento de su renta per cápita con respecto a otras regiones como Madrid, Cataluña o Baleares. Las tres más pobres, con menos de 20.000 euros anuales per cápita, han permanecido inalterables en la cola de la clasificación desde el Plan Nacional de Desarrollo de 1955 hasta nuestros días. No basta con dar dinero, hay que saber emplearlo de manera productiva.
El Gobierno tiene una oportunidad histórica con los fondos Next Generation de cambiar la evolución económica, pero también un reto formidable. La presunta malversación de los 53 millones concedidos en subvenciones a Plus Ultra, una aerolínea que dispone de un solo avión, pone los pelos de escarpia. El quid de la cuestión está en cómo se distribuyen los fondos.
En este momento, no está claro el mecanismo. La compleja estructura de su distribución por sectores, a través de las conferencias encabezadas por cada ministerio, por autonomías, por ayuntamientos o por proyectos estratégicos (Pertes) como el del coche eléctrico, genera una confusión monstruosa.
Las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no saben a dónde dirigirse para solicitar las ayudas y temen quedarse fuera del pastel. El mayor reto es el mecanismo de gobernanza. ¿Quién o qué organismo decide a dónde va el dinero?
El Gobierno habla de un proceso de concurrencia competitiva entre los proyectos, mediante un sistema de puntuación por baremos, similar al de la obra pública. Pero todos sabemos que existe un margen discrecional enorme para introducir criterios políticos.
La celebración de una comisión bilateral con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, despierta muchos recelos entre los demás por la necesidad del Gobierno de contar con su apoyo. Hay muchos intereses cruzados, demasiado ruido político para que todo salga bien.
Para más Inri, el sorprendente giro dado por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tiene desconcertados a los empresarios. Calviño pasó de rechazarla a estar dispuesta a estudiarla en otoño, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la defendiera ante Sánchez.
Una prueba más de que el Gobierno está en manos de sus socios de Podemos y los independentistas catalanes, para aprobar los Presupuestos y acabar la legislatura. Y todo en un momento en que el paro, incluido el casi medio millón de trabajadores que permanece en Erte, sigue todavía casi un millón por encima de 2019.
Se conoce la cuantía de los fondos, pero se desconocen las reglas para su distribución. El Gobierno carece de un mecanismo objetivo, como la comisión de expertos creada en otros países, para producir un efecto multiplicador, como los cuatro evangelistas con los panes y los peces.
Tengo dudas de que con estos condicionantes se logre el más mínimo consenso. Más bien parece que el proceso se encamina a un reparto caótico, al que contribuyen los confusos criterios aplicados. Los esfuerzos por vender las bondades de la recuperación ( el PIB creció a tasas interanuales próximas al 19 por ciento en el segundo trimestre) caerán en saco roto, si fracasa en los fondos europeos. Todo suena a una gigantesca campaña propagandística vestida con los tintes mesiánicos de Sánchez, que no logrará sacarnos de la cola de las tasas de desempleo y de PIB per cápita europeos.
PD.- Unas últimas palabras para despedirme de una amiga, periodista y comunicadora de excepción, Carmen Azúa, que nos dejó esta semana. Carmen fue una profesional con criterios solventes y claros, que aplicó con éxito a resolver crisis de comunicación como la de Banesto o la opa para la toma de control de Endesa. Siempre supo navegar con maestría y solventar los conflictos entre los intereses contradictorios de los periodistas y de las grandes empresas para las que trabajó. Una pericia, la de la comunicación, al alcance de pocos, aunque muchos la practiquen. DEP.
Sánchez compra voluntades a golpe de talonario, como hizo con Urkullu y hará con Aragonès La dependencia de Podemos y de los independentistas condicionará el reparto de fondos