Rato vuelve al banquillo
● Está acusado, junto a otras 16 personas, físicas y jurídicas, de blanqueo de capitales y elusión fiscal
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha procesado al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En el auto conocido ayer, el juez Antonio Serrano-Arnal da por concluida la instrucción del caso que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del ex ministro, una decisión que podrá ser recurrida por las partes bien ante el mismo juzgado o ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia adjudicados a las agencias Zenith y Publicis durante el mandato de Rato al frente de la entidad, y que, según los investigadores, podrían constituir un presunto delito de corrupción entre particulares.
El magistrado continúa la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras doce personas, además de contra ambas agencias de publicidad en calidad de personas jurídicas.
En junio de 2011 la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo (considerado uno de los supuestos testaferros de Rato) y Kradonara
Sospechan que los contratos publicitarios de Bankia camuflan comisiones por contratos
2001, epicentro de la actividad empresarial del ex ministro, firmaron un contrato de asesoramiento cuyo objetivo era prestar “unos supuestos servicios de consultoría” por una cantidad mensual mínima de 40.000 euros.
Estos servicios “serían supuestamente prestados” por el también procesado Miguel Ángel Montero, “de forma gratuita y como deuda moral por un negocio hotelero fallido” en el que participó con Rato.
De esta forma y con el asesoramiento del despacho de abogados de Domingo Plazas, se fueron girando diversas cantidades a Albisa.
Sin embargo, prosigue el juez, estas facturas “no se correspondían con una prestación real” de consultoría, “sino que eran el conducto (...) para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Portuondo de Zenith y Publicis” a raíz de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia en aquella época.
Y es que “captado por Montero” –que “administraba diversas empresas del ex ministro”–, Portuondo se habría dirigido al grupo Publicis en calidad de comisionista, ofreciéndose a conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos con la nueva entidad.
Para el magistrado, ha quedado “indiciariamente acreditado” que entre 2011 y 2012 Bankia contrató a Publicis y Zenith “a cambio de una comisión” superior a los dos millones de euros “que ambas mercantiles abonaron a Albisa” para obtener los contratos.
A comienzos de mes, la Audiencia Nacional daba el visto bueno a la libertad condicional de Rato, que desde el 25 de octubre de 2018 cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida por las tarjetas black de Caja Madrid.