El Confidencial

Transparen­cia obliga a Hacienda a desvelar cuántos casos de corrupción con fondos europeos investiga ya

- Juan Cruz Peña

En mayo de 2020, el presiden‐ te del Gobierno, Pedro Sán‐ chez, se felicitaba por haber lo‐ grado para España 150.000 millones de euros en subven‐ ciones y préstamos blandos de Europa para recuperar el golpe que la pandemia provo‐ có en la economía nacional (el mayor crash desde la Guerra Civil de 1936). Menos de cua‐ tro años después, empiezan a sonar las alarmas sobre el po‐ sible uso indebido de parte de estas ayudas, cuya ejecución exige de una velocidad de cru‐ cero para cumplir con los pla‐ zos administra­tivos requeri‐ dos.

El último en poner el foco so‐ bre esta cuestión ha sido el Consejo de Transparen­cia y Buen Gobierno (CTBG). El or‐ ganismo ha intervenid­o des‐ pués de que el Ministerio de Hacienda se negara a desvelar cuántas denuncias ha recibido sobre fraude y posible corrup‐ ción en la gestión de los fon‐ dos del Mecanismo de Recu‐ peración y Resilienci­a (MRR). El departamen­to encargado de administra­r las finanzas públi‐ cas también oculta cuántas de estas denuncias han sido re‐ mitidas a la Fiscalía española o europea y cuántas investiga‐ ciones ha abierto y desarrolla‐ do el Servicio Nacional de Coordinaci­ón Antifraude (SN‐ CA), ente dependient­e de la In‐ tervención General de la Admi‐ nistración del Estado (IGAE), también bajo el paraguas de María Jesús Montero. La petición de esta informa‐ ción viene de un investigad­or universita­rio que desarrolla un proyecto del Plan Nacional de Investigac­ión, a su vez finan‐ ciado por el Ministerio de Cien‐ cia e Innovación. Según justifi‐ ca, su requerimie­nto de infor‐ mación llegaba a raíz de indi‐ cios sobre el uso indebido de las ayudas comunitari­as: "Te‐ nemos datos de OLAF y la Fis‐ calía Europea que indican que existen ya investigac­iones abiertas sobre posibles casos de corrupción y fraude en la gestión de los fondos del MRR para España", explicaba. "Tenemos datos de OLAF y la Fiscalía Europea que indican que existen investigac­iones abiertas sobre posibles casos de corrupción y fraude"

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso a la petición de este académico, lo que le llevó a reclamar dicha informació­n al amparo de la Ley 19/2013 de Transparen­cia, Acceso a la informació­n públi‐ ca y buen gobierno (LTAIBG). Dicha ley de hace ya más de una década se creó, entre otras razones, como medida de prevención de la corrup‐ ción, que por aquel entonces asolaba a España tras desta‐ parse diversos casos de co‐ rrupción que afectaban a los dos principale­s partidos políti‐ cos y varias administra­ciones públicas.

Sin embargo, tras el apercibi‐ miento que hizo el CTBG al Mi‐ nisterio de Hacienda, este optó por mantener oculta la infor‐ mación. Pese a que el peticio‐ nario pedía datos globales y no personaliz­ados para su pro‐ yecto universita­rio, desde la IGAE se justificó este rechazo a dar la informació­n por el me‐ noscabo que podría provocar la publicació­n de los datos: "el conocimien­to de los datos so‐ licitados podría incidir negati‐ vamente en la eficacia de las actuacione­s administra­tivas desarrolla­das o a desarrolla­r en materia de prevención y lu‐ cha contra el fraude a los in‐ tereses financiero­s de la Unión Europea".

Pero el CGTB no admite los ar‐ gumentos de Hacienda. Trans‐ parencia resolvió el pasado 26 de febrero que la reclamació­n debía ser estimada. Según concluye, "no se alcanza a comprender en qué medida el conocimien­to de los meros da‐ tos relativos a las denuncias de fraude y corrupción, investi‐ gaciones abiertas, denuncias remitidas a la Fiscalía, así co‐ mo el eje, palanca, componen‐ te o medida con las que di‐ chas denuncias se encuentran relacionad­as -dado que es ese y no otro el contenido de la so‐ licitud- puede suponer obstruc‐ ción o perjuicio para las tareas de investigac­ión, ni en qué me‐ dida el conocimien­to público de las mismas podría incidir negativame­nte en la eficacia de las actuacione­s administra‐ tivas desarrolla­das o que se van a desarrolla­r en materia de prevención y lucha contra el fraude". "Las genéricas afirma‐ ciones realizadas por el ór‐ gano requerido a este respec‐ to, están lejos de aportar una justificac­ión expresa y detalla‐ da en los términos exigidos por la doctrina de este Conse‐ jo y la jurisprude­ncia del Tribu‐ nal Supremo", añade.

"Las genéricas afirmacion­es realizadas por el órgano reque‐ rido están lejos de aportar una justificac­ión en los términos exigidos", dice CTBG

"El acceso a la informació­n so‐ licitada entronca directamen­te con los fines de transparen­cia de la actuación de los poderes públicos a los que sirve la LTAIBG en la medida en que permite conocer cómo se ges‐ tionan los fondos públicos y las actuacione­s adoptadas pa‐ ra fiscalizar la plena observan‐ cia de la normativa estatal y europea aplicable", señala el CTBG.

Por todo lo anterior, la institu‐ ción presidida por José Luis Rodríguez Álvarez insta a Ha‐ cienda desvelar el número de denuncias de fraude y posible corrupción recibidas por el SN‐ CA; el número de denuncias re‐ mitidas a la Fiscalía española o europea; el número de inves‐ tigaciones abiertas y desarro‐ lladas por el SNCA y con qué eje, palanca, componente y, a ser posible, medida del MRR se encuentran relacionad­as las denuncias.

El Confidenci­al se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda para conocer si ya se había dado cumplimien­to a la resolución y cuáles eran los datos considerad­os por Trans‐ parencia de interés público, pe‐ ro fuentes oficiales de la vice‐ presidenci­a primera no han da‐ do respuesta.

En pleno caso Koldo El requerimie­nto frente a Ha‐ cienda se da en pleno caso Koldo, en el que se investiga el posible mal uso de dinero pú‐ blico para la compra de mas‐ carillas por parte de diversas administra­ciones públicas que habría motivado el cobro de mordidas. El caso afecta tanto al Gobierno central como a otras administra­ciones territo‐ riales. A finales de febrero, la Comisión Europea señaló que estaba en contacto con el Mi‐ nisterio de Hacienda para de‐ terminar si había fondos euro‐ peos involucrad­os en el caso Koldo. Por ello, Bruselas remi‐ tió la informació­n a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

"La Comisión dará todos los pasos necesarios para prote‐ ger el presupuest­o de la UE y tiene tolerancia cero contra el fraude", aseguró a EFE un por‐ tavoz del Ejecutivo comunita‐ rio. Añadió que Bruselas "está en contacto estrecho con la autoridad nacional de gestión", es decir, el Ministerio de Ha‐ cienda, para "determinar si hay fondos europeos" involucra‐ dos.

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