Detenidos un notario y un ex trabajador del Registro de la Propiedad en La Línea
● La Guardia Civil destapa una trama que usurpaba terrenos que luego se revendían a terceros con ocho arrestados en total
Nuevos detalles sobre la macrourbanización ilegal paralizada en El Zabal de La Línea (Cádiz). La Guardia Civil anunció ayer la detención de ocho personas, entre ellos un ex trabajador del Registro de la Propiedad y un notario, vinculados con la trama que había parcelado y vendido unos terrenos rústicos en la ciudad en los que se estaban levantando hasta 120 viviendas ilegales.
El instituto armado ha dado por desarticulada una trama dedicada a la usurpación de propiedades que luego se revendían a terceros en varias localidades del Campo de Gibraltar. Además de las ocho detenciones, en el operativo se han precintado las ya citadas 120 viviendas ilegales de La Línea, tal y como adelantó Europa Sur. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documento, usurpación y prevaricación.
Además, 99 personas han resultado investigadas por delitos contra la ordenación del territorio por llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados con catalogación de dominio público, por lo que no se pueden llevar a cabo proyectos privados.
La operación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Algeciras recibió una denuncia de los propietarios de un terreno de La Línea que manifestaban la comisión de un posible delito contra el medio ambiente y la ordenación urbanística por parcelación ilegal, así como la usurpación de los terrenos de su propiedad en la zona de Viña Clemente.
En las primeras inspecciones, los agentes constataron la usurpación del terreno denunciado y que se estaban iniciando obras para la segregación del suelo, puesto a la venta por lotes.
AUTOR INTELECTUAL
Al avanzar la investigación, los agentes determinaron que un ex trabajador del Registro de la Propiedad era la persona considerada como el autor intelectual de esta trama por ser quien poseía todos los conocimientos de los trámites administrativos para ejecutar el plan para usurpar los terrenos. Según la Guardia Civil, intervino como autorizado en todos los trámites para la venta a terceros de las segregaciones.
Este ex trabajador del Registro de la Propiedad realizaba documentos de compraventa falsos que posteriormente eran elevados a públicos mediante procedimientos notariales fraudulentos con la participación de un notario de Algeciras, también detenido, que actuaba como fedatario público en la gran mayoría de los protocolos realizados en las actuaciones investigadas.
Según las autoridades, omitía los controles a los que la legislación vigente le obliga. El objetivo de la trama era apropiarse de los terrenos para venderlos a terceros. Para la selección de las propiedades, se estima que el grupo manejaba información privilegiada obtenida ilícitamente de bases de datos catastrales y del Registro de la Propiedad.
Este mismo grupo criminal intentó
usurpar otras propiedades en los términos municipales de Algeciras y San Roque.
PRECINTO DE 120 VIVIENDAS
Las medidas provisionales acordadas en el procedimiento realizado por la Junta de Andalucía han incluido el precinto de las 120 segregaciones del terreno. En la ejecución de los precintos, llevada a cabo por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, participaron guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza, agentes de la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, la Policía Nacional y Policía Local de La Línea.
La inspección de la Junta intervino sobre una superficie de seis hectáreas, en la que se habían llevado a cabo sin control administrativo movimientos de tierra, desbroce de la superficie vegetal, soterramiento de varios tramos de un arroyo, apertura de caminos, la eliminación de una hectárea de superficie forestal y la ejecución de muros de bloques de hormigón para la división en lotes de 500 metros cuadrados cada uno. En menos de dos años, los parceladores habían vendido trozos de las parcelas originarias en 121 lotes o subparcelas.
Asimismo, las personas que habían adquirido estos suelos estaban ya construyendo en el interior de unos 70 lotes sin contar ninguno de ellos con licencia urbanística, lo que supone una infracción muy grave contra la ordenación del territorio. En estos trabajos se han detectado enganches ilegales a la red eléctrica, pozos ilegales y recorridos que dificultan la evacuación en caso de incendio.
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