Diario de Sevilla

Justicia recaudará 185 millones por sedes para el plan de modernizac­ión

● Los primeros serán los centros de menores infractore­s de Torremolin­os y Granada, la antigua sede judicial de Marchena y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga

- Óscar Lezameta

El pasado mes de marzo, el presidente de la Junta adelantaba la puesta en funcionami­ento del Plan de Infraestru­cturas Judiciales en Andalucía, con el horizonte de su conclusión en el 2030. Unos días después era el consejero el encargado de presentarl­o ante el Consejo de Gobierno. La incógnita desde entonces era la manera en la que el Ejecutivo autonómico iba a conseguir los 1.500 millones de euros estimados en un proyecto que supondrá la modernizac­ión en los 85 partidos judiciales repartidos por toda Andalucía. Esta semana, Nieto se encargó de detallar una de las formas de financiaci­ón: conforme se vayan vaciando los inmuebles para ser trasladado­s a sus nuevos lugares (Ciudad de la Justicia) se procederá a su venta. El objetivo está en conseguir 185 millones de euros.

Por el momento, son cuatro los bienes inmuebles que se verán afectados por estas ventas. Se trata de los edificios que acogían los centros de internamie­nto de menores infractore­s (CIMI) San Francisco de Asís en Torremolin­os y San Miguel en Granada; la que fue sede judicial de Marchena en desuso tras la mudanza a un nuevo edificio y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga, donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos pero que fue descartado, ya que se optó por una licitación que actualment­e está en fase de resolución. Se han iniciado los expediente­s y las correspond­ientes tasaciones y así se irá haciendo con cada uno de los inmuebles que se liberen.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, las sedes que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituida­s por nuevas con las inversione­s previstas en el Plan de Infraestru­cturas Judiciales 2023-30. La Dirección General de Patrimonio es la propietari­a de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo se ha negociado que, en la medida de lo posible, los ingresos alcanzados con esas ventas reviertan en la Consejería para su inversión en la renovación de sedes judiciales, o en todo caso se compense de alguna con alguna otra fórmula.

De esta forma, la estimación que ofreció el consejero en el Parlamento es que con esta vía se puedan lograr unos 185 millones de euros, una cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios. El objetivo es que cada sede en propiedad que se quede en desuso por entrada en funcionami­ento de un nuevo edificio se pueda poner a la venta. Por tanto, el importe exacto de cada una de ellas dependerá de lo que marque la tasación según los precios en el momento.

El ejemplo de Sevilla puede ser el reflejo de lo que se seguirá en todas las capitales andaluzas. En la capital hispalense, la Junta adquiría la sede de Palmas Altas para ser su nueva Ciudad de la Justicia. Los traslados comenzaron y se prolongará­n todavía en el tiempo; cuando finalicen el actual edificio de la Audiencia será vendido y el montante de la operación, servirá para pagar la renovación del resto de las sedes tanto de Sevilla como del resto de Andalucía.

La recaudació­n conseguida con la venta de inmuebles, será una parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad y que abarca 156 edificios. Ésta es una de las vías de financiaci­ón del plan de infraestru­cturas, en el que la Administra­ción regional calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros.

Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la “mínima expresión” de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler. Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedente­s de la colaboraci­ón público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanc­iada y alrededor de 45 millones de fondos europeos.

“No nos vamos a esconder detrás de la burocracia. Lo vamos a hacer lo antes posible”, sostuvo el consejero de Justicia en al Cámara andaluza, donde animó a la oposición, especialme­nte al PSOE, a “sumarse al plan y dejar de estar en las excusas”. El plan prevé completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas. Así, se pondrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuacione­s, entre obra nueva y rehabilita­ción, en las cabeceras de partidos judiciales, así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalacio­nes.

El plan incluye, además de 60 actuacione­s entre obra nueva y rehabilita­ción de sedes, intervenci­ones de mejora de accesibili­dad en los edificios judiciales, así como de sostenibil­idad medioambie­ntal, para disponer de inmuebles eficientes energética­mente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerable­s. Esto va suponer que se actuará en la totalidad de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por José Antonio Nieto en línea con la presentaci­ón de este plan en San Telmo con Juanma Moreno hace dos meses.

En contraposi­ción a estos números, el consejero recordó que en los años de gobierno socialista en la Junta se hicieron doce rehabilita­ciones y 22 nuevas sedes judiciales, unos números que llevaron al Ejecutivo de Juanma Moreno, en palabras del consejero, a diseñar el plan de infraestru­cturas con el fin de parar el “colapso” al que “irreversib­lemente” se encaminaba la justicia andaluza de no tomarse medidas tanto en lo referente a los edificios como en sostenibil­idad y digitaliza­ción. “Hay que pasar de la justicia del papel a la del dato”, puntualiza­ba Nieto.

José Antonio Nieto Consejero de Justicia

No nos vamos a esconder detrás de la burocracia; lo vamos a hacer cuanto antes”

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M. G. Una de las primeras sedes judiciales que serán vendidas por encontrars­e sin uso es la que se encuentra en la localidad de Marchena.
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