Al principio fue el acuerdo
● La ordenación de terrenos de 2014 fue apoyada de manera mayoritaria por el Consejo de Participación; sólo a los ecologistas les pareció escaso
DOÑANA es un espacio envuelto en la porfía desde su génesis como parque nacional, los tiempos en los que el dictador quiso convertirlo en un eucaliptal. No obstante, en contadas excepciones ha dado que hablar como ahora. Y es que la ocasión lo merece: la proposición de ley que pretenden aprobar el PP y Vox es un hachazo tanto en el corazón del espacio como en la columna vertebral de la agricultura de Huelva.
Como el ruido tapa lo importante, vamos a hacer un breve recorrido por los avatares que nos han traído hasta aquí. El estado de la cuestión es simple: el PP y Vox han aprobado inicialmente una proposición de ley en la que se convierten en tierras de regadío parcelas que por ley no lo son. Es decir, una ampliación de regadíos junto a Doñana. Solo la intención ha generado tal alerta en la comunidad científica internacional y en la política española que la Unión Europea ha inter venido y ha amenazado a Andalucía con sanciones económicas y acciones legales. Se trata de un descrédito sin precedentes que puede erosionar de manera irreparable el parque, pero también la agricultura de la zona, una consecuencia injusta dado que la inmensa mayoría de estos agricultores hacen bien las cosas y, además, sostienen gran parte de la economía de Huelva.
¿Cómo hemos llegado a este punto? Veamos. El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (el POTAD) obligaba desde su publicación en 2003 a aprobar uno específico para la agricultura: el Plan de la Corona Norte. Es entonces cuando comienzan las tareas para redactar lo que ahora se quiere modificar de una manera drástica. No creo que haya habido un documento elaborado por la Junta de Andalucía con más horas de trabajo detrás. La primera formulación se hizo el 4 de diciembre de 2007. Nótese si el plan fue consecuencia de arduas negociaciones, que no se aprobó definitivamente hasta 2014, siete años después. Por tanto, no es cierto que se trate de una imposición del gobierno socialista de entonces. La verdad es justamente la contraria: las negociaciones se dilataron hasta la extenuación, gracias a lo cual recibió un apoyo casi unánime.
Conviene recordar que el plan es básicamente un decreto para ordenar la agricultura de Doñana a partir de la normativa existente, que incluye el Programa de Actuación para aplicarlo. Para que nos hagamos una idea, en el texto se tienen en cuenta sesenta y ocho normas, entre
La proposición del PP y Vox es un hachazo en el corazón del espacio y en la agricultura
Los representantes populares en el Consejo de Participación han cambiado de opinión
decretos y leyes, pertenecientes a diez ámbitos.
Hemos oído estos días decir a los partidos proponentes de la proposición de ley que se trata de un bodrio que aprobó solo el PSOE. Falso. El plan se aprobó en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 16 de diciembre de 2014 y se publicó en BOJA el 30 de ese mismo mes. Pero donde hay que buscar las pruebas de esa falacia es en el Consejo de Participación de Doñana. El 11 de abril de 2014 se votó el informe de aquel órgano. Los resultados fueron los siguientes: treinta y siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. El acta de esta reunión, que está disponible en la web de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, no recoge el sentido del voto de los representantes, pero sí se sabe que los votos negativos procedieron de los ecologistas al parecerles que el plan se quedaba corto.
Lo que resulta muy ilustrativo para demostrar que es el PP el que ha cambiado “misteriosamente” de opinión son las manifestaciones de sus representantes institucionales en el Consejo. Sobre el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, correspondiente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Mariano Rajoy, se dice en el acta que: “…D. Manuel Romero manifiesta que la participación de su organismo ha sido muy activa, se han estudiado todas las obser vaciones realizadas y las previsiones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir está (sic) contemplado en este plan de ordenación, por lo que su voto será favorable”. Por su parte, del entonces alcalde popular de Almonte, José Antonio Domínguez, se recogen sus manifestaciones en el sentido de que “el plan es una herramienta para dar estabilidad al sector, por lo que su voto será favorable”. En ese momento, pues, sí había acuerdo.
A partir de entonces se comenzó a aplicar el plan, con dificultades pero sin pausa, con un horizonte de quince años, hasta que en abril de 2022 –antes de las elecciones autonómicas– y ahora, un año después –antes de las elecciones municipales–, PP y Vox han promovido su derogación y han generado el escándalo. En sus manos está corregir este disparate.