Ingenieros y constructores denuncian incumplimientos de la ley de contratos
● Asica y Ceacop afirman que sigue primando el criterio economicista y critican el exceso de requisitos sociales y medioambientales
Constructores e ingenieros denunciaron ayer muchas deficiencias en la aplicación de la ley de contratos públicos, que entró en vigor el pasado 9 de marzo. La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) critica- ron, sobre todo, que la práctica de las administraciones siga siendo la contratación por precio, pese a que la filosofía de la norma va en sentido contrario. “Optan por subastas encubiertas”, señalan, y eso “obliga a las empresas a grandes bajas (descuentos)”.
A eso se le suma, denuncian, que aprovechen un resquicio legal para exigir requisitos que “no tienen que ver con el objeto del pro- yecto” y que implican un coste . Un ejemplo: un ayuntamiento pidió que cinco contratados de su municipio fueran menores de 25 años. Resulta que no había perfiles en el pueblo de esa edad adecuados para la obra y la empresa tuvo que hacerlo constatar con notario en el Servicio Andaluz de Empleo para luego no tener problemas. En medio ambiente, da puntos en muchas ocasiones adquirir un coche eléctrico, aunque no tenga que ver con el contrato en sí.
Además, el 90% de los contratantes “no publica su planificación anual”, algo que exige la ley para permitir a las empresas disponer de una visión global de cómo está el mercado. También una abrumadora mayoría incumple la exigencia de la tramitación digital, especialmente los ayuntamientos, que alegan que “no tienen los medios a los que obliga la ley”.
Lo cierto es que estas deficiencias vienen del nacimiento de la ley. La previsión fue tan escasa que, ante la ausencia de pliegos adaptados a la nueva ley, entre el 1 y el 8 de marzo, la semana previa a su aplicación se licitaron nada menos que 229 contratos, cuando la media es de entre 25 y 40. Ese “colapso” provocó que las empresas tuvieran limitada su respuesta, pues se venían obligadas a elegir a qué ofertas podían presentarse.