Moncloa explora cómo salvar el veto del Senado al déficit
La previsible maniobra del PP dificulta la confección de los Presupuestos de 2024
PAMPLONA
– El previsible veto del Senado –con mayoría absoluta del PP– a la senda de déficit amenaza con dificultar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, un escollo que podría salvarse a través de distintas opciones, que vandesde reformar la Ley de Estabilidad, a presentar las Cuentas sin ese aval parlamentario. Los Presupuestos acumulan un importante retraso sobre el calendario oficial, lo que hace inevitable la prórroga de los de 2023, aunque el Gobierno de Sánchez espera que sea por poco tiempo: las instrucciones para elaborar las Cuentas están aprobadas y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, pretende que estén en vigor en el primer trimestre.
Antes de la presentación del proyecto presupuestario, el Gobierno debe diseñar una senda de estabilidad –que según avanzó a Bruselas, pasa por bajar el déficit al 3% del PIB en 2024– y proyectarla en el techo de gasto, que es la primera pieza para su confección. De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, esta senda tiene que enviarse a las Cortes para su aprobación en ambas cámaras y es aquí donde el Gobierno se encuentra un gran obstáculo: el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y no parece dispuesto a avalar los objetivos de déficit. Esta capacidad de veto de la Cámara Alta es singular, ya que la ley impulsada en 2012 por el PP no prevé que el Congreso pueda levantar ese veto, como ocurre con el resto de las leyes. Se usó por primera vez en 2018, cuando el PP devolvió al Gobierno la senda de déficit para 2019.
Por el momento, el Gobierno no ha desvelado cómo prevé resolver ese bloqueo en caso de que se produzca. Pero existen vías para salvar el obstáculo del Senado: la primera sería reformar la Ley de Estabilidad, lo que retrasaría proceso presupuestario al menos hasta mediados de 2024. La segunda sería presentar el proyecto presupuestario en base a una senda de déficit y deuda que no haya sido avalada por las Cortes, tal y como lo han hecho algunas comunidades estos meses.