Un futuro con alimentos más baratos, “improbable”

El aumento de costes y los episodios de alteraciones climáticas van a ejercer un efecto negativo

PAMPLONA – A juicio del profesor Eduardo Malagón, el futuro del mercado alimentario ya está cambiando y lo va a seguir haciendo en los próximos años. “Es improbable que los precios de los alimentos se abaraten”, resume este docente.

En su opinión, “cuando el último eslabón de la cadena agroalimentaria es un pequeño productor sin poder alguno sobre el mercado, con márgenes muy reducidos y sometido a costes crecientes de producción y obligado a aceptar los precios que le imponen la industria y la gran distribución, el aumento de precios es una cuestión de supervivencia”. Malagón pone como ejemplo la situación del sector lácteo: “en algunos sectores, como la leche, la gran distribución ha tenido que aceptar el aumento de los precios con los que retribuía a los ganaderos, porque si no condenaba a la invisibilidad a multitud de explotaciones, con lo que a medio plazo podrían tener problemas de abastecimiento, que en algunos casos se ha visto tensionado. El aumento de los requisitos ambientales por parte de la Unión Europea es probable que también se traduzca en un aumento de los costes de las explotaciones agrarias y de las pymes alimentarias, con lo que es improbable que el precio de los alimentos se reduzca en el corto o medio plazo”, explica Malagón, sin olvidar que “es previsible que mayores alteraciones climáticas afecten también a la producción”.

Mientras, crece la presión sobre el Gobierno central para que retire otras medidas destinadas a combatir la inflación, ya que a largo plazo pueden elevar el déficit público y ser contraproducentes para cumplir los objetivos presupuestarios pactados con Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea ya ha indicado al

Ejecutivo su preferencia por medidas específicas para los colectivos más necesitados, en lugar de las de aplicación general. En este sentido, Sánchez evitó en su discurso comprometerse con la extensión de la llamada’ excepción ibérica’ en la electricidad y la reducción del IVA en la luz y el gas. Se trata de dos mecanismos que Bruselas quiere que se retiren una vez caduque su vigencia, a fin de año, puesto que cree que no se da el estado de emergencia que los justificaba.