“Limitar la investigación de las macrocausas no es la solución, sino más medios procesales”
● De gira esta semana por Andalucía, la ministra defiende la modernización del sistema con el plan Justicia 2030 ● Reclama a Feijóo que afronte definitivamente la renovación del CGPJ
–Ha vuelto a decir estos días que nuestro modelo de Justicia es decimonónico. No sé si es un mensaje tranquilizador.
–No lo digo, lo dice la propia ciudadanía. Tenemos un modelo del siglo XIX y por eso es imprescindible que abordemos, ahora que tenemos fondos, esa gran reforma y transformación, pasando de esos juzgados atomizados a unos en los que tengamos tribunales de instancia con grandes oficinas judiciales, en consonancia con otros países de Europa. Un modelo eficiente y que esté cerca de los ciudadanos, que no haya obstáculos al derecho fundamental de la justicia. Esto va incardinado en tres leyes, que son la de eficiencia procesal, organizativa y digital, que son las leyes que sustentan el gran proyecto Justicia 2030. Es un plan que no es sólo del Ministerio de Justicia sino que está cogobernado por las 12 comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas. Y cogobernado también con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. La idea es un modelo de justicia moderno, vanguardista y próximo a los ciudadanos.
–Después de tantos años hablando de la necesidad de un pacto de Estado por la Justicia, no sé si este plan que plantea es lo más parecido.
–Absolutamente. Estamos consensuando con el sector lo que es el modelo en el que queremos avanzar, con medidas como conciliación para los profesionales, digitalización e inteligencia artificial. En eso estamos de acuerdo las fuerzas políticas mayoritarias con las que me reúno habitualmente, pero también con el sector. He tenido un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y con autoridades judiciales de Córdoba y de la fiscalía. Coincidimos en que tenemos que sacar adelante estos tres grandes proyectos. Y también coincidimos con los operadores jurídicos en abordar ya la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
–¿Y qué novedades tendrá?
–Tenemos un modelo de investigación, un modelo procesal penal que responde a épocas anteriores, y es necesario introducir elementos innovadores en la investigación y en el enjuiciamiento penal, como por ejemplo las pruebas biológicas, tecnológicas, la cadena de custodia, y la utilización de medios tecnológicos. Tenemos que avanzar y dar una vuelta a la investigación penal, que pasa por otorgar a la fiscalía que investigue, desapareciendo esa figura del juez instructor, que será ya un juez de garantías.
–Hay medidas adoptadas durante la pandemia como los juicios telemáticos, declaraciones y asistencias telefónicas. ¿Han venido para quedarse?
–Absolutamente. Hay que tener en cuenta que la presencialidad en nuestra vida cotidiana y habitual ya no es sólo física, sino a través de las tecnologías. Se puede hacer de otra manera y lo importante es que, cuando abordamos esta inmediación digital, juicios telemáticos o la práctica de diligencias a distancia, siempre lo hagamos con seguridad jurídica. Por eso son las leyes de eficiencia, para dotar de seguridad jurídica, pero también con la seguridad cibernética para la identificación de los usuarios.
–La igualdad es una prioridad para usted. En lo que es la Administración de Justicia, ¿dónde estamos en la actualidad?
–A pesar de que las nuevas promociones alcanza hasta el 70% de mujeres, cuando hablamos de puestos de toma de decisión, como magistradas en el Supremo, presidentas de tribunales superiores o de audiencias provinciales, los porcentajes son muy bajos todavía. Y la explicación no es que no se tengan mujeres con suficiente antigüedad o capacidad, sino que no se entiende bien que, cuando hay iguales méritos y capacidad, hay que elegir para esos puestos de libre designación al sexo que está infrarrepresentado. Pasa que actualmente tenemos tres magistradas presidentas de tribunales superiores y un 23% de mujeres en el Supremo. Necesitamos equilibrar. Y esto es una cuestión de democracia pura. Las mujeres somos la mitad de la población e incluso en España un poquito más. Tenemos que estar representadas en todos los ámbitos de redacción e interpretación de las leyes, porque a nosotras se nos aplica igualmente las leyes y queremos contribuir a la construcción de nuestra democracia.
–En Andalucía hemos vivido en los últimos años macrocausas como la de los ERE, que han supuesto un atasco considerable en los juzgados. ¿Está la solución en ese plan Justicia 2030?
–Cuando nos enfrentamos a la investigación de causas tan complejas, tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que no responde a las necesidades de la altísima litigiosidad. Si le añadimos cómo se van sofisticando y siendo cada vez mas complejos los delitos, estoy hablando en general, eso supone que las causas se retrasen necesariamente, y no sólo por la falta de medios materiales o humanos, sino que son obstáculos del procedimiento penal por el modelo que tenemos de casi doble instrucción, porque instruye el fiscal, que también investiga, e instruye también el órgano de enjuiciamiento; está luego la cantidad de recursos, ya que todo se puede recurrir, y a lo mejor hay resoluciones interlocutorias que no hace falta que se recurran. Y luego están los medios que tenemos también para la investigación de causas, y ahí es necesario avanzar en la tecnología. Evidentemente, el proyecto Justicia 2030 va a hacer que los procedimientos sean más eficientes y también los recursos humanos, porque ya son tribunales de instancia y es más fácil que se tramiten las causas. Me resulta curioso pensar en estas causas tan complejas cuando hablamos de delitos de corrupción, asesinatos o crimen organizado y en la gran reforma que hizo el Partido Popular del 324 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, la de limitar a seis meses la instrucción de causas complejas, precisamente cuando el PP en aquellos momentos se estaba enfrentando a la investigación de la causa de Gürtel, que luego vimos el resultado que tuvo. Es decir, que poner límites a la investigaciones no es la solución, sino dotar de medios procesales para que se puedan agilizar la causas, unido también a una nueva organización judicial y a la dotación de medios tecnológicos.
–¿Y eso es lo que ha faltado en el caso de los ERE?
–Es lo que ha faltado, efectivamente, en causas de este tipo, no sólo en la de los ERE sino en las que son más complejas.
–Está pendiente la vista de los ex presidentes Chaves y Griñán en el Supremo. ¿Qué espera?
–Sé que está pendiente de resolución en el Supremo y probablemente pronto salga la sentencia. La vista está prevista para abril, pero no sé más. No es aconsejable que ninguna causa judicial se dilate en exceso. Esto provoca una pérdida de recursos económicos para la Administración de Justicia. Podría haber reclamaciones patrimoniales por dilaciones indebidas y a veces también se aplican dilaciones indebidas como circunstancias atenuantes en delitos graves, porque se han retrasado. El que se retrasen las causas afecta a nivel económico y a nivel de satisfacción de los derechos de las víctimas.
Tenemos que avanzar y otorgar a la Fiscalía que investigue, desapareciendo la figura del juez instructor”
–La falta de órganos judiciales en el Campo de Gibraltar es conocida. Las grandes operaciones policiales llegan a un cuello de botella, las causas se eternizan y los detenidos salen en libertad provisional pasados dos años sin haberse celebrado juicio.
–El Ministerio del Interior ya desplegó un plan importante para el Campo de Gibraltar en materia policial que lógicamente redunda en la investigación de las causas.
Tenemos allí un organismo muy importante, que es la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos), que lo que hace es un seguimiento, investigación y gestión de esos bienes que pueden ser de distintos tipos: muebles, inmuebles, lanchas, vehículos de todo tipo a los que se puede sacar un rendimiento económico y aprovechamiento. Todo eso lo hace la ORGA, que depende del Ministerio de Justicia. Con la ORGA estamos gestionando, por ejemplo, los kits de ADN que se van a homologar en España para delitos sexuales y, especialmente, en delitos sexuales por vulnerabilidad química, que está distribuyendo el Instituto Nacional de Toxicología a todos los institutos de medicina legal.
–¿Se va realizar alguna actuación más en la zona de Algeciras?
–Por parte del Ministerio de Justicia, aparte de los refuerzos que están en marcha, para 2023 se prevé la creación de 70 unidades judiciales en toda España y, probablemente, 15 en Andalucía. Tenemos que hablar con la comunidad autónoma para ver si es necesaria alguna de esas unidades en el Campo de Gibraltar.
–Permítame la ironía, no sé si estamos más cansados los periodistas o usted de la pregunta sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
–No estoy nada cansada de hablar de este tema porque mi compromiso democrático me obliga a estar activa. La no renovación del CGPJ es un tema de estado. Altera por ejemplo el funcionamiento del Tribunal Supremo: hay 14 vacantes y va a haber hasta 16 en el próximo mes de abril de magistradas y magistrados que se están jubilando, plazas que no se pueden cubrir porque el CGPJ está en funciones. Me he reunido con el presidente Lesmes, para buscar una solución. Le he pedido un informe de estos tres meses, de los 12 magistrados de refuerzo que aprobamos, porque si se dilata la renovación el Gobierno tiene la responsabilidad de que eso no impacte demasiado en el órgano. Es una falta de cumplimiento con la Constitución. El PP se ha metido en un embrollo. El todavía presidente del partido, el señor Casado, nos metió a todos en un lío, pero sobre todo se metieron ellos, porque estaba exigiendo la reforma del sistema del CGPJ para renovar el órgano. Nadie contempla que en un estado de derecho no se cumpla con el ordenamiento jurídico. Yo a quien quiero escuchar es al señor Feijóo y como él dice que el PP es un partido de estado encontrar una solución.
–Sé que le preocupa la atención a los refugiados. Y se han tomado decisiones para agilizar el asilo a estas personas, pero a su vez los que estaban esperando y que vienen de otros países se sienten perjudicados.
–Aquí hay que diferenciar. Porque lo acordado por los 27 países de la UE ha sido activar una directiva para la atención temporal, por la que se le va a dar un permiso de residencia por un año prorrogable con la posibilidad de acceso a los servicios públicos. Y el resto de personas, el trámite sigue por la normativa vigente. Lo que se ha hecho es aplicar una directiva para esta situación. La política migratroria no sólo afecta a España.
–¿Es necesaria alguna acción más en la protección de las víctimas de la violencia machista?
–España es un país que ha entendido antes que nadie la importancia que tiene erradicar la desigualdad y la manifestación más brutal y extrema de esa desigualdad es la violencia de género. También es importante que insistamos en lo que es la violencia de género y no intentar confundirlo con otras terminologías, como la violencia doméstica o intrafamiliar, porque estamos asistiendo ahora a un momento en el que se están utilizando eufemismos.
–Y los datos de esta lacra no dejan lugar a dudas.
–España tiene una ley de violencia de género y un pacto de Estado contra la violencia de género que también el PP aprobó y que acaba de renovar ahora el Gobierno y el Congreso con las fuerzas políticas. Vox se ha excluido, pero bueno, el que se excluye se autoexcluye, ya que niega la violencia de género, algo que no puedo entender cuando tenemos 1.132 mujeres asesinadas. He buscado datos del CGPJ y en 2021 hubo 162.000 denuncias por violencia de género y unas 20.000 por violencia doméstica. Fíjese en la magnitud de la violencia de género. Y, si hablamos de asesinatos, el último informe del CGPJ es de 2020, con 44 asesinatos por violencia de género y siete por violencia doméstica. Los datos lo dicen todo, dónde tenemos que destinar más recursos y políticas para erradicarla. Es verdad que la violencia doméstica está contemplada y también se castiga en nuestro Código Penal. Pero la violencia de género es un fenómeno criminal extraordinario por el número de asuntos judiciales que tenemos y muchos más casos que no se denuncian y que sabemos que son el 80%. Sólo lo que se denuncia es la punta del iceberg de la realidad que tenemos.
Para el año 2023 se prevé la creación de 70 unidades judiciales y probablemente 15 irán a Andalucía” Las denuncias de violencia de género son sólo la punta del iceberg de lo que realmente tenemos”