“La tradición del TS es cargarse los PGOU de toda España”
Fustegueras cree que El Puerto puede tener la oportunidad de revitalizar ahora su casco histórico
El arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras es sin duda una de las voces más autorizadas para hablar del urbanismo portuense, no en vano su empresa, Territorio y Ciudad, dirigió la segunda etapa de los trabajos del PGOU de 2012 y posteriormente el Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Histórico y su entorno, el Peprichye.
Tras la reciente anulación del PGOU portuense, Fustegueras aborda para Diario de Cádiz las líneas generales de la sentencia del Tribunal Supremo, con la que no está en absoluto de acuerdo. “Me han sorprendido las razones, porque no se hace ni una referencia al Estudio Ambiental Estratégico, el Plan no se ha anulado por eso. La
“Mucho de lo que tenía el Plan anulado eran suelos sin desarrollar del Plan de 1992”
“La sentencia no hace ni una sola referencia al estudio ambiental estratégico”
sentencia se centra en que la Junta se metió en demasiadas cosas y en que con las resoluciones de la administración autonómica se modificaba el modelo territorial aprobado por el pleno. Eso es lo que dice y no estoy de acuerdo, no es verdad, la Junta no modificó el modelo territorial que salió de la última aprobación provisional. Sí es cierto que en los primeros diez años los informes de la Junta cambiaron sustancialmente lo que quería el Ayuntamiento, que era una locura. Nosotros tuvimos que reconsiderarlo todo cuando retomamos los trabajos, entre otras cosas porque había habido una declaración previa de impacto ambiental muy negativa, sobre todo por los convenios urbanísticos. Nosotros tuvimos que reconducir todo aquello”, recuerda.
En cuanto a la larga tramitación del PGOU ahora anulado –catorce años, diez de ellos antes de la adjudicación mediante concurso público a Territorio y Ciudad– Fustegueras reconoce que se alargó mucho más de lo previsto en la primera fase, y ya con Territorio y Ciudad algo más de los cuatro años pactados porque se quiso dar una mayor participación en el tramo final.
Ahora, con la vista puesta en el futuro, el arquitecto tampoco considera que esta anulación vaya a ser una catástrofe para la ciudad, aunque reconoce que habrá perjudicados. “Hay suelo para desarrollar y además está el Plan Especial del Casco Histórico. Como ya teníamos la primera sentencia se decidió asegurar el Peprichye para que tuviera vida independiente, y como los planes especiales en los conjuntos históricos se pueden hacer sin que exista PGOU, fue el camino que cogimos. No hay mal que por bien no venga y lo mismo esto supone que durante una serie de años el grueso de la inversión se focalice en el casco histórico y el centro de la ciudad se recupere. En algún lugar de los que hemos trabajo hemos hecho esto, no se ha eliminado el plan pero se ha suspendido su ejecución en el resto del término municipal para que todo se focalizara en el centro histórico. Puede ser una oportunidad, ya que parece razonable que una mayor inversión privada se canalice ahora hacia el centro histórico”, insiste.
Por lo que respecta a los desarrollos del plan ahora anulado, Fustegueras explica que todo depende de hasta dónde hayan llegado. “Si han llegado solo a la aprobación de un plan parcial, caen, pero si se ha aprobado ya el proyecto de urbanización, no caen. Habrá que verlo uno a uno, no hay una regla general. Las licencias concedidas también son válidas pero las nuevas sí se tendrán que conceder con arreglo al plan del 92”, señala.
No obstante, también recuerda que “mucho de lo que tenía el plan anulado ya se recogía en el del 92, sin que se hubiera desarrollado ese suelo”. En cuanto a los diseminados, muchos de ellos también los contemplaba ya el Plan del 92, “pero tampoco es que hayan corrido mucho para regularizarse”, lamenta.
Otra de las cuestiones que habrá que tener en cuenta a la hora de redactar un nuevo PGOU es el cambio de la ley andaluza. Según Fustegueras la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), a la espera de aprobación, “se parece mucho a las de otras comunidades autónomas en las que trabajamos. Básicamente divide los planes en dos, un plan de ordenación estructural para las grandes decisiones y un plan de ordenación detallada, con lo pormenorizado. El plan de ordenación estructural es un documento mucho más sencillo que en la actualidad y lo debe seguir aprobando la comunidad autónoma, mientras que el plan de ordenación detallada es el que contiene más determinaciones y lo aprueba el Ayuntamiento. El planeamiento se simplifica, pero no los requerimientos sectoriales. Todo dependerá de cuál sea la actitud de lo sectorial con respecto a lo estructural. He visto de todo y también planes con este tipo de normas que se eternizan igual que antes”, afirma.
También pone de manifiesto el arquitecto las incongruencias que se desprenden de directrices aún en vigor. “Ahora se trata de quitar suelo y antes te obligaban a incluir zonas de transformación turística, por ejemplo. La situación ha cambiado pero documentos como el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz no se han adaptado a las nuevas circunstancias y sigue siendo expansivo. Lo que aconseja ahora la Junta es que los ayuntamientos esperen a la nueva ley para acometer los planes, pero que vayan haciendo el avance y la primera evaluación ambiental. Eso es lo que va a hacer el Ayuntamiento de El Puerto y también lo están haciendo los ayuntamientos de Huelva y Granada”, explica.
En cuanto al proceso legal que ha terminado por tumbar el PGOU, Fustegueras afirma que “la tradición del Tribunal Supremo es cargarse los Planes Generales de toda España. Ya incluso en revistas especializadas de Derecho se está diciendo que ya está bien”.
También coincide el arquitecto jerezano en que es triste que en este tipo de asuntos los intereses particulares se impongan sobre los generales -hay que recordar que tanto esta sentencia como otras han tenido su origen en denuncias privadas de propietarios de terrenos que pretendían sacarles más provecho-. Como recuerda además Fustegueras “en la reclamación propia de sus intereses no se les da la razón a estos propietarios, pero hay mucha gente que juega a eso. Muchos de esos recursos estuvieron paralizados, a ver si se podía llegar a un acuerdo, y posiblemente por esa paralización tuvieron oportunidad de conocer más sentencias y decidieron seguir jugando. El interés por la protección ambiental en este caso no tenía nada que ver”, insiste.
En cuanto a la relación que mantiene su empresa con el Ayuntamiento de El Puerto, Fustegueras explica que cuando salió la sentencia del TSJA sí le pidieron asesoramiento y hubo conversaciones al hilo del Peprichye, pero solo eso. Ahora habrá que esperar a la anunciada licitación del avance del nuevo PGOU, que abrirá una nueva etapa en el urbanismo portuense.