Vox dinamita el pacto y tumba una ley estrella de la Junta
El partido de extrema derecha intenta forzar con descaro el adelanto electoral y se une a la izquierda en el rechazo a la Ley de Sostenibilidad del Territorio que había apoyado
Vox cumplió su amenaza y provocó una sonora derrota del Gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento andaluz. Es la primera vez que ocurre en la legislatura, que ha estado plagada de amagos por parte del partido que permitió el cambio en la Junta y ha apoyado la andadura del Ejecutivo de PP y Ciudadanos durante los últimos dos años y medio. Los 11 diputados que dirige Manuel Gavira como portavoz se abstuvieron en la votación sobre la enmienda a la totalidad que Adelante Andalucía presentó contra la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista), por lo que permitirá que la izquierda, con 50 votos, haya tumbado este proyecto, uno de los más importantes para populares y naranjas en este mandato. Pese al terremoto político, desde el Gobierno descartan que este viraje de Vox vaya a precipitar el adelanto electoral y critican al partido de Santiago Abascal por primar los intereses de su partido frente al “interés general”.
Vox se desmarcó con la reforma exprés de la ley de salud pública, que no llegó al Pleno
Gavira, en su comparecencia ante la prensa antes del Pleno, avanzó que habría “espectáculo”, pero en el PP no esperaban que el estruendo fuera tan grande. Fuentes conocedoras de las negociaciones en torno a esta ley explican que Vox había mantenido unas 80 reuniones con el Gobierno sobre la norma urbanística y que “todas” las peticiones que habían realizado estaban incluidas en el texto. La propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo, desveló tras perder la votación que su información hasta el día previo era que Vox no apoyaría el veto presentado por Adelante, mientras que otras fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran además que el PSOE, hasta conocer el movimiento de Vox, estaba en la abstención.
La Lista, que tendrá que volver al Parlamento con una nueva formulación si el Gobierno quiere aprobarla, tenía por objetivo eliminar trámites burocráticos y facilitar el desarrollo urbanístico. Como destacó Carazo en el Pleno, un inversor tiene que tener en cuenta “235 textos legales” para poner en marcha un proyecto. Para aliviar estas trabas, la norma reducía, entre otras cosas los tiempos necesarios para aprobar planes municipales, uno de los principales obstáculos para el desarrollo urbanístico. Adelante y el PSOE, así como los diputados no adscritos afines a Teresa Rodríguez, se mostraron muy críticos con el texto porque consideran que establece una “ley de la selva” en el urbanismo, pese a que los portavoces José Fiscal (PSOE) e Inmaculada Nieto (AA) reconocieron que el espíritu inicial de la norma es positivo.
Esta negativa de Vox, que ha aprobado tres presupuestos en los últimos dos años y medio, dificulta al Gobierno andaluz el último año de legislatura. El presidente de la Junta, en las últimas semanas, se ha mostrado contrario a poner las urnas antes de finales de 2022, pero ha asociado siempre cualquier decisión a la capacidad para sacar adelante sus proyectos en el Parlamento andaluz. Pese a la derrota, el Ejecutivo confía en seguir llevando leyes a la Cámara y señala lo extraordinario de que Vox haya votado con los Anticapitalistas, IU, Podemos y el PSOE.
Fue Alejandro Hernández, portavoz de Vox hasta hace unas semanas, quien anunció la abstención de su partido. El diputado cordobés, sustituido por Manuel Gavira en busca de una postura más dura con el Gobierno andaluz, reconoció que los problema detectados en la Lista podrían solucionarse en el trámite de enmiendas, pero la “falta de confianza” existente entre el Gobierno andaluz y sus socios habituales ha desembocado en un terremoto político sin precedentes. Es la primera vez que una enmienda a la totalidad se aprueba en contra de un Gobierno andaluz desde el debate de Presupuestos de 1995, en los años de la pinza entre PP e IU contra el PSOE de Manuel Chaves.
La “falta de confianza” a la que aludió Hernández es un argumento clásico de Vox en sus recurrentes amenazas al Ejecutivo autonómico. Ya lo utilizaron en la pasada negociación presupuestaria, cuando expresaron constantes quejas por la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados. Lograron alcanzar un acuerdo a finales de 2020, pero la inestabilidad provocada por la moción de Murcia y el posterior terremoto electoral en Madrid empeoraron las relaciones entre el Gobierno de Juanma Moreno y sus socios. Entonces Vox elevó el nivel de la presión sobre Ciudadanos, pero no ha sido hasta la crisis migratoria de Ceuta cuando la situación ha estallado. El argumento de los de Abascal ha sido la acogida por parte de a Junta de 13 de los 200 menores extranjeros que saldrán
de los servicios de acogida de la ciudad autónoma para aliviar la presión provocada por la llegada masiva de migrantes de la semana pasada.
Hace sólo unas semanas en la formación de Santiago Abascal estaban convencidos de la idoneidad sacar adelante la Lista e incluso pusieron en marcha una reforma fiscal de la mano de PP y Ciudadanos. Esta reforma, se aprobó ayer en el Parlamento con el sí de populares, naranjas y sus hasta ahora socios de Vox, a pesar de que hubo dos votaciones sobre dos textos gemelos: uno firmado por PP y Cs y otro con la rúbrica de PP y Vox. También se aprobó, aunque con el apoyo del PSOE y la abstención de Adelante, un decreto ley que afecta a las 38 entidades locales autónomas (ELA) que hay en la comunidad. Para salvar el rechazo de Vox, el Gobierno tuvo que granjearse el apoyo de la izquierda y aceptar que la norma se tramitase como proyecto de ley, lo que retrasa su entrada en vigor definitiva.
Por la mañana, Vox había dado ya el primer golpe al confirmar que no apoyaría una reforma exprés de la Ley de Salud Pública para permitir el confinamiento perimetral de los municipios con incidencias superiores a los 1.000 contagios por 100.000 habitantes sin estado de alarma. Por este motivo, no habrá reforma exprés de la ley de Salud Pública de 2011 para facilitar el confinamiento perimetral de los municipios donde la tasa de Covid-10 se dispare. Vox no se sumó al acuerdo del resto de grupos, que, con mayor o menor convencimiento, estaban de acuerdo con sacar adelante esta remodelación en el Pleno de ayer La intención del Gobierno andaluz era dotar de mayor vigor legislativo a estas limitaciones después del estado de alarma, pero el retraso en la tramitación hace que la propuesta deje de tener sentido y, por lo tanto, no se debatirá en el Parlamento.
La consigna, ahora, es que nada que no se haya firmado previamente entre el Ejecutivo y sus socios habituales saldrá adelante. Ese es el mensaje, aunque no está claro si será así. El caso de la reforma de la Ley de Salud Pública tiene matices, ya que, según explicó ayer Gavira, se trata de una norma con la que están en desacuerdo porque “limita derechos fundamentales”. El portavoz se refiere así a las restricciones del derecho de movimiento y de reunión que se activan en los municipios donde la incidencia del Covid es mayor a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Es la primera enmienda a la totalidad que sale adelante desde hace 26 años