El rastreo de móviles para controlar desplazamientos

● El Gobierno no puede acceder a movimientos concretos de los ciudadanos: las leyes europea y española lo prohíben

El Gobierno va a rastrear la localización de los móviles de los españoles para comprobar que se cumplen las restricciones de movimiento impuestas por el estado de alarma, que ayer se ampliaron a los trabajadores de actividades no esenciales.

Para ese seguimiento, el Ejecutivo ha encargado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el “análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento”. En ese estudio colaborarán con las operadoras de telecomunicaciones, algunas de las cuales (Telefónica, Vodafone u Orange, entre otras) ya han ofrecido su ayuda.

En una orden ministerial publicada el pasado sábado en el BOE se añade que se “cruzarán datos de los operadores móviles de manera agregada y anonimizada” (datos en lote en los que no se identifica a personas concretas) y de forma parecida al estudio de movilidad que inició hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dicho estudio buscaba saber cómo se desplazan los españoles en días laborables, festivos como Navidad o las vacaciones de verano. El INE colaboró con las tres principales operadoras de telecomunicaciones que trabajan en España –Telefónica, Vodafone y Orange–, que le remitieron datos de sus clientes pero sin revelar su información personal. Dichos clientes tenían la opción de negarse, pero no se les pedía previamente permiso para la recopilación de esa información.

Para seguir los movimientos no se usó el GPS de los dispositivos móviles, sino las antenas de telefonía. Al desplazarnos, nuestro teléfono se va conectando automáticamente a las antenas más cercanas. El INE dividió el territorio en unidades llamadas celdas y analizó cuántos dispositivos había en un momento dado en una celda concreta. Se podía ver la cifra y, como mucho, los números de teléfono, pero no la identidad de sus titulares (aunque no es muy difícil hacer la asociación con una buena base de datos a mano).

Según lo comunicado hasta ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez y lo probado en la Comunidad Valenciana, ahora se buscará hacer algo similar. La legislación actual de protección de datos no permite ir más allá. Ni la española ni la europea.

Para luchar contra la propagación del coronavirus, en España es ilegal lo que, por ejemplo, implantó China para seguir los pasos concretos e individualizados de sus ciudadanos, a los que asignaba un color según su situación sanitaria y además difundía mapas con los recorridos de los infectados para que se supiera si se habían cruzado con alguno.

A la espera de la publicación de la herramienta concreta que se va a emplear y la explicación por parte del Ejecutivo de su funcionamiento, lo único que se sabe es lo que indica la orden ministerial, en la que figura que “el responsable del tratamiento será el INE” y “los encargados del tratamiento” los operadores. Termina añadiendo que el INE autoriza a los operadores a “recurrir a otros encargados”.

Por mucho que se insista en que las actuaciones se regirán por la ley de protección de datos y garantía de derechos digitales, es una formulación algo ambigua que no aclara dónde van a estar esos datos y qué se va a hacer con ellos cuando todo esto pase. Tampoco si se va a pedir a los ciudadanos su consentimiento o si existirá la opción de negarse.

El INE recabará datos en bruto y anónimos para comprobar los desplazamientos