¿Quién paga a los abogados de los políticos?
El largo proceso jurídico ha sido una dura prueba para el presupuesto de muchos despachos de abogados
Un proceso que se dilata en el tiempo como el de los ERE es una dura prueba económica para los despachos de abogados. No sólo por el tiempo de las sesiones de la vista oral, sino por el estudio de la ingente documentación. Horas de trabajo y un coste de tiempo que ha impedido, en algunos casos, asumir nuevos asuntos. La Junta de Andalucía se ha negado sistemáticamente a pagar la defensa de los ex altos cargos.
El Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía establece la obligación de asumir la defensa de los altos cargos imputados salvo si existe incompatibilidad material. Según el Gabinete, al estar personada la Administración andaluza como perjudicada, se daba la incompatibilidad. Para estos casos, se prevé la posibilidad de que el afectado contrate a un abogado y procurador de su elección. Ahora bien, con unas condiciones introducidas por la Consejería de Hacienda, que han anulado los tribunales, como fijar un mínimo de 18.000 euros de minuta. Esta cantidad es el límite establecido para los contratos menores del sector público. No es la única condición, previamente debe existir una sentencia absolutoria. El problema llega cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establece que el límite de 18.000 euros “vulnera claramente la garantía de indemnidad”, porque lo lógico es aplicar los honorarios fijados por los colegio de abogados y procuradores. Además, el TSJA resolvió que el derecho de defensa “quedaría gravemente afectado” si los gastos “no se asumen ni se abonan hasta que se dicte resolución judicial firme, que se puede demorar sine díe en una causa tan compleja y de larga duración”.
En otra sentencia, del juez de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla, respecto a la condición que la absolución previa, señaló la posibilidad de que la resolución que ponga fin al procedimiento no entre en valorar el fondo del asunto al aplicar, por ejemplo, un criterio de prescripción. El juez añadió en este caso el posible agravio comparativo del ex interventor general Manuel Gómez, puesto que aportó a la causa documentos que demostraron que que la Administración había tenido un comportamiento diferente con otros imputados.
El primero de los abogados que recibió sus honorarios fue la entonces defensa del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que recibió 20.650 euros el 21 de julio de 2012. En abril de 2019, la Junta aceptó pagar 90.000 euros a la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez para abonarlo, tanto a su abogado como a la persona que realizó el informe pericial. Un informe técnico del gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía con fecha de 10 de abril de 2019 propuso que se pagara. Estos 90.000 euros tiene como concepto “provisión de fondos”. La defensa de Magdalena Álvarez reclama una minuta de 255.000 euros.
María José Montero, ministra de Hacienda en funciones y entonces consejera de Hacienda, negó el reconocimiento al pago de la defensa de José Antonio Griñán. El ex presidente de la Junta prefirió asumir el coste de su abogado antes que presentar un recurso contra la Administración que había presidido.