El Ayuntamiento sanciona a ASV Funeser por el ‘caso cementerios’
⬤ Detecta dos infracciones graves por ‘ceder’ personal y e instalaciones a otras empresas
El Ayuntamiento de Almería ha resuelto el procedimiento disciplinario abierto a la empresa concesionaria de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio, ASV Funeser, a la que ha decido sancionar con una multa superior a los 40.000 euros al detectar la comisión de dos incumplimientos “graves” del contrato: el empleo del personal en tareas ajenas, así como el uso de instalaciones del tanatorio Sol de Portocarrero por empresas externas.
El cierre del expediente, que fue aprobado el pasado mes en Junta de Gobierno Local y cuyo acta ha sido ahora publicada, recoge un extenso argumentario para culminar en la imposición de un total 40.393,36 euros de penalidad por dos infracciones, a razón de 20.269,68 euros cada una.
La primera corresponde a la utilización que el Ayuntamiento ha confirmado de personal de la concesión en “tareas ajenas al objeto de contrato concesional, realizando trabajos y funciones en beneficio de la empresa del Grupo ASV”, apunta el Consistorio en referencia a la Agencia Funeraria La Nueva Málaga.
Entiende el Ayuntamiento que la concesionaria ha vulnerado el pliego de condiciones técnicas que rige la concesión, el cual establece que “el personal adscrito al servicio indicado anteriormente lo será con carácter de dedicación exclusiva, no pudiendo realizar bajo ningún concepto otras labores no relacionadas con los servicios descritos en el presente pliego”.
La segunda infracción grave se debe a “la utilización de los locales, instalaciones y oficinas de la concesionaria para dar soporte logístico a empresas ajenas al contrato concesional”. El expediente menciona de nuevo a la Agencia Funeraria La Nueva de Málaga, que “ha utilizado las cocheras (como estacionamiento de sus vehículos), almacén (depósito de ataúdes o féretros) y demás espacios para atender los servicios funerarios a través del personal del Grupo ASV”.
Pero, además, las inspecciones municipales efectuadas han detectado usos no permitidos en el contrato de concesión por otras sociedades. En concreto, el expediente cita la explotación de la cafetería, mediante arrendamiento a favor de un tercero sin autorización municipal, y la utilización de espacio por una floristería sin título ni autorización municipal.
Todo ello supone incumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, ya que en el contrato figura la imposibilidad de utilizar las instalaciones para otros fines distintos a los de servicio público a que están afectadas ni ceder o enajenar, por ningún título, los bienes objeto de la concesión.
En concordancia, y para cada una de las infracciones, se establece una penalidad del 1,5% de los ingresos previstos para el año inicial en el estudio de viabilidad económico-financiera, aprobado definitivamente por el órgano de contratación con fecha 15 de febrero de 202,1 que ascienden a la cantidad de 1.351.312,29 euros, lo que resulta una cantidad de 20.269,68 euros.
Mientras, continúa el proceso judicial abierto por la denuncia presentada por el PSOE a raíz de un escrito de queja del CSIF, sindicato que también se ha personado en las diligencias previas.