Sánchez hace unas cuentas para tratar de contentar a Podemos
Subida del salario mínimo a 900 euros y castigo a rentas altas
Después de dos meses de negocaiciones ha empezado a salir el sol. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha ajustado al guión de Podemos y ayer se presentó su acuerdo para los Presupuestos de 2019, con una subida histórica del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22,3 %, hasta los 900 euros brutos mensuales.
El acuerdo recoge medidas que incrementarán adicionalmente el gasto el año que viene en 5.729 millones de euros, según Podemos, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, matizaba que con cargo al presupuesto del Estado son sólo 2.082 millones, ya que hay partidas que tendrán que contabilizar otras administraciones, fundamentalmente la Seguridad Social.
Es el caso del gasto previsto en
pensiones, que supone 704 millones para la paga compensatoria de 2018 por la desviación del IPC y 384 millones para que las pensiones mínimas y no contributivas suban el 3% en 2019, así como el desembolso de 300 millones para elevar a 8 semanas el permiso de paternidad o de 315 millones para recuperar la cotización a la Seguridad Social de los trabajados de cuidados no remunerados.
Para pagar el gasto adicional se ha negociado una reforma fiscal que elevará la recaudación en más de 7.000 millones, de los que el Estado ingresará 5.678 millones, descontando entorno a 600 millones para las autonomías, de subir un punto el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones y unos 1.100 millones en cotizaciones a la Seguridad Social por el aumento del salario mínimo.
La mayor recaudación, en torno a 1.700 millones con los cálculos de Podemos, provendrá del establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15% sobre la base imponible (18% para banca y petroleras) para empresas que facturen más de 20 millones.
Luego están los 1.200 millones de ingresos procedentes del gravamen del 3% sobre determinados servicios digitales y los 1.000 millones del gravamen del 0,2% sobre la compraventa de acciones, que podrían destinarse a financiar la Seguridad Social.
Se suman, siempre con las cifras de Podemos, los 900 millones de la lucha contra el fraude –que incluye la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo de empresarios y autónomos– y los 800 millones de la subida del IRPF al 47% a partir de 130.000 euros y al 49% para la parte que exceda de 300.000.
Montero valoró un acuerdo que permitirá presentar unas cuentas públicas “valientes y sostenibles” que cumplirán el objetivo de déficit comprometido con Bruselas para 2019.
No confirmó si ese objetivo será el del Gobierno del PP, fijado en el 1,3% del PIB, o el renego- ciado por el Ejecutivo socialista en el 1,8% del PIB, algo que se desvelará el lunes tras el Consejo de Ministros extraordinario que aprobara el borrador de proyecto presupuestario que España debe remitir a Bruselas ese día.
De momento, el único aprobado por las Cortes es el del 1,3%, aunque el Gobierno no renuncia a poder sacar adelante la reforma de la Ley de Estabilidad que le permitiría aprobar su senda de consolidación fiscal, más flexible que la actualmente en vigor.