¡Icu, Lady Díaz!
Me he topado en redes sociales con unas entrevistas concedidas a D. Enric Benito, oncólogo y referente mundial en cuidados paliativos, que me han puesto a cavilar sobre la muerte.
He escuchado a este doctor criticar a los políticos diciendo que él ve bien que se legisle sobre la eutanasia, pero que atender a ella antes que a la atención paliativa de los enfermos es, no empezar la casa por el tejado, sino por la antena. Pero claro -dice el galeno-, la eutanasia, prevista para casos excepcionales, vende y te coloca en la foto; los cuidados paliativos solo implican un gasto en sanidad pública que además, antes o después, vamos a generar casi todos y no es rentable.
Concluye el Dr. Benito afirmando que una persona que va a morir no puede ni debe hacerlo en un hospital, con mascarilla de oxígeno y sueros. Que la muerte no es una enfermedad sino una partida que requiere ser tratada con humanidad, dignidad y despidiéndote de los tuyos. Dejo a un lado mis cavilaciones existencialistas para trasladar lo hasta ahora dicho a otro ámbito, concretamente al que me es más propio y cercano que el médico, el jurídico. Ocurre que la afirmación de «vender» y «salir en la foto» por encima de la praxis, me lleva a analizar otra situación que requiere igualmente cuidados paliativos de primer orden y que algunos gobernantes están tratando con el mínimo respeto y ningún rigor jurídico. Amenaza la recién dimitida Dña. Yolanda Díaz como líder de Sumar -que no como ministra de Trabajo y Economía Social-, que pasado el verano se arremangará y se pondrá con la reforma de la indemnización por despido improcedente, porque parece que el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales a la demanda que presentó UGT en 2022, fallo que aún no se ha desvelado, dice que la indemnización actual de 33 días de salario por año de servicio y tope de 24 mensualidades no se ajusta a la Carta Social Europea. Afirma la Sra. ministra que los derechos de los trabajadores no pueden ser predecibles y que un empresario no debe saber de antemano cuánto le cuesta despedir a un trabajador. Me permito decirle a la Sra. ministra que no tiene ni idea de la barbaridad del bulo populista que está lanzando. ¿Quién pretende que le diga a los empresarios lo que cuesta despedir a cada trabajador? ¿Los Juzgados de lo Social que ya llevan retrasos de asuntos en tres años? ¿Dónde deja Ud., Sra. ministra, la seguridad jurídica? Deje de vender humo, Sra., que los que bregamos con los despidos sabemos que hay multitud de despidos improcedentes por cuestiones de forma y no de fondo y que la mayoría de las indemnizaciones se concilian en clave de rapidez en el cobro (aunque sea del Fogasa) y no del perjuicio económico.