El destacamento de Fronteras de la Guardia Civil cumple un año
Ha intervenido más de 200 kilos de picadura de tabaco de contrabando
El destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Córdoba cumple un año desde su entrada en funcionamiento. La principal misión de este nuevo destacamento es la del resguardo fiscal del Estado, función encomendada en exclusiva al cuerpo de la Guardia Civil, según recuerda la Subdelegación del Gobierno.
El primer vuelo en el que actúo este destacamento fue el pasado día 6 de diciembre, donde sus agentes prestaron servicio durante la salida de un avión, con más de 180 pasajeros a bordo, con destino Praga.
Este nuevo destacamento también trabaja para prevenir y perseguir el contrabando, los fraudes y demás ilícitos de carácter fiscal, el control de los impuestos especiales (alcohol, tabaco o combustibles), así como perseguir los deli
tos contra la piratería tanto intelectual como industrial, delitos de contrabando de tabaco o el etiquetado fraudulento de productos alimenticios,
entre otros. Otra de las tareas encomendadas, es la del control del aeropuerto de Córdoba, así como de los aeródromos en la provincia, controlando la documentación de las aeronaves, para lo que cuentan con la colaboración del equipo Pegaso de la comandancia. En el aeropuerto también inspeccionan pasajeros y equipajes de mano.
El destacamento está formado por una sargento jefa y siete guardias civiles. Desde su puesta en funcionamiento ha intervenido más de 200 kilogramos de picadura de tabaco de contrabando, ha efectuado más de 300 inspecciones en la provincia, fruto de éstas ha procedió a la instrucción de más de 50 actas de denuncia principalmente relacionadas con género estancado. Asimismo, ha detectado numerosas infracciones relacionadas con la venta de cajetillas de cigarrillos carentes de las correspondientes precintas fiscales en distintos establecimientos abiertos al público, donde ha llevado a cabo la aprehensión de más de 600 cajetillas. Otras actuaciones están relacionadas con el etiquetado de productos alimenticios, habiéndose precintado más de 11.000 productos, así como con la importación ilegal de juguetes o vapers, o el uso fraudulento de gasóleo bonificado.