Europa regula la inteligencia artificial
El continente no lidera la creación y la producción de equipos y de software avanzados, pero se confirma como un consumidor exigente
La Comisión, la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han anunciado un acuerdo provisional sobre la ley de inteligencia artificial, la primera norma mundial para fomentar una IA segura y transparente. Pretende establecer un estándar global en la promoción de sistemas fiables, tanto por parte del sector público como del privado. Buen ejemplo de la capacidad reguladora europea y de su complejo proceso de decisión, al tener que unir en triálogo (término con que se denomina la cooperación entre estas tres instituciones) la tecnocracia, la voluntad de los Estados miembro y la expresión de la voluntad popular.
Para ser creíble, la respuesta de Europa a los nuevos desafíos que se plantean a la vida individual y colectiva de sus ciudadanos debe ser efectiva y reconocida como tal. ¿En qué medida está en condiciones de responder, entre otros retos, a la digitalización y a la transformación del trabajo, no solo para proteger la población de daños eventuales, sino para encauzar la fuerza del desarrollo tecnológico en el sentido del bien común?
Los fenómenos de la digitalización y sus consecuencias, especialmente en la transformación del trabajo, son por naturaleza trasnacionales. Para nosotros, aquí y ahora, el ámbito natural donde buscar la respuesta institucional es el europeo. Para algunos, criticar las instituciones europeas es un lugar común: divisiones internas, lentitud en las decisiones, burocracia invasiva, insignificancia como actor internacional… Sin embargo, aunque se hable de ello solo cuando sirve de excusa o de chivo expiatorio, grandes partes de nuestra soberanía se han delegado a las instituciones europeas. La UE no es una potencia militar y su peso diplomático es limitado. Pero su mayor fuerza reside en otro ámbito: los operadores económicos saben de su influyente papel como regulador de mercados. El «efecto Bruselas», aunque jurídicamente se limita a las fronteras de la Unión, en realidad influye mucho más allá, puesto que se impone a productores de otros países que quieran vender a los consumidores europeos.
En su mensaje para la Jornada de la Paz del 1 de enero de 2024, el Papa Francisco pide «un tratado internacional vinculante que regule el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial», un acuerdo que no solo prevenga daños, sino que también sirva para «alentar las mejores prácticas» inspiradas en un desarrollo ético de los algoritmos, «la algorética». ¿Qué eco tendrá la voz del Papa entre los grandes oligopolios del mundo digital y las potencias mundiales en el intento de controlar estos «sistemas sociotécnicos» que «solo pueden imitar o reproducir algunas funciones de la inteligencia humana»?
De momento, con su Reglamento de Inteligencia Artificial, Europa se adelanta y establece un referente, con claras definiciones del ámbito de aplicación, prohibiciones de la manipulación cognitiva y de los abusos posibles del reconocimiento facial y de la «puntuación ciudadana», y con fuertes sanciones sobre el volumen de negocio de las empresas infractoras. Es importante la distinción entre usos que no acarreen la posibilidad de violaciones graves de los derechos fundamentales y aquellos que sean de alto riesgo: con ello se espera no frenar, sino apoyar la innovación europea en los usos positivos de los sistemas de delegación y automatización de funciones. Europa no lidera la creación y la producción de equipos y de software avanzados, pero se confirma como un consumidor exigente, con capacidad reguladora decisiva. ¿Será eficaz, aun cuando los centros de decisión de la digitalización están en otros continentes? La regulación ¿ayudará o frenará la iniciativa europea?
Las instituciones europeas han nacido para responder a desafíos geopolíticos, al mismo tiempo que traducían ideales de reconstrucción pacífica. Y se han propuesto un modelo, el de la economía social de mercado. La UE se construye con una intención de integración funcionalista. ¿Tiene para ello un apoyo ciudadano suficiente? Aparte de su realidad jurídica, indiscutible, ¿qué contenido tiene el concepto de ciudadanía europea? ¿En qué medida es la UE el lugar correcto para que la sociedad conserve el control democrático de su propio devenir? ¿O lo recupere si lo ha perdido? ¿Europa es nuestra patria común ante el futuro incierto? En todo caso, la normativa UE sobre IA es un paso en esta dirección.
El autor dirige el seminario
de la Fundación Pablo VI, que acaba de empezar y durará hasta junio de 2025.