La cogobernanza estalla y termina en los tribunales en plena tercera ola

El Gobierno recurre que Castilla y León adelante a las 20 horas el toque de queda

El modelo de cogobernanza entre administraciones diseñado por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia va a terminar en los tribunales. Más en concreto ante el Tribunal Supremo. El Gobierno de España solicitó ayer a la Abogacía del Estado interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta de Castilla y León en el que se establece que la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno comienza a las 20 horas.

El Gobierno entiende que esta decisión del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco vulnera el real decreto que estableció el estado de alarma, y en el que se determina que el toque de queda se establece entre las 23 y las 6, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial «que la hora de comienzo de la limitación prevista [....] sea entre las 22.00 y las 00.00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5.00 y las 7.00 horas». En privado, fuentes del Ejecutivo ya venían considerando que esa decisión se situaba «fuera de la ley».

El Gobierno argumenta que «al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada». Sin embargo, tras conocer el recurso del Ejecutivo, la Junta de Castilla y León emitió un comunicado en el que defiende su competencia para modificar las medidas del estado de alarma y lamentó que el Gobierno central «trate de obstaculizar» con su recurso la acción de la comunidad que «tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía». Pero el Ejecutivo explica que la disposición transitoria que otorga a las autonomías la capacidad de modular las normas habilita a «suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no –como es el caso– de intensificarlas o agravarlas » . En este sentido se trata de una restricción de un derecho fundamental adicional, que no está amparada por el real decreto del vigente estado de alarma.

Hartazgo de las regiones

El presidente del PP, Pablo Casado, respaldó al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco: «El ausente presidente del Gobierno y el ministro candidato a tiempo parcial atacan a las autonomías gobernadas por el PP en vez de dar la cara, asumir su responsabilidad y hacer algo eficaz de una vez contra la tercera ola de Covid y el récord de contagios».

Y es que al margen de la cuestión jurídica, existe un trasfondo político que pone de manifiesto que el Gobierno se está viendo superado por la tercera ola de la pandemia. Y que su rechazo a ampliar el marco del estado de alarma constituye en estos momentos un muro que limita las capacidades de algunos gobiernos autonómicos que quieren ser más restrictivos. Fuentes populares lamentaban ayer la actitud del Gobierno, que actúa, a su juicio, de forma incoherente: «Si no eres restrictivo, como Madrid, te obligan a serlo; y si lo eres, como Castilla y León, te denuncian». País Vasco, Galicia y Andalucía ya han manifestado predisposición a adelantar el toque de queda, aunque ninguna ha llegado al punto de Castilla y León para evitar el choque jurídico. La Región de Murcia, Aragón o Asturias también van en la línea de endurecer las medidas. Hoy Castilla-La Mancha quiere adelantar