ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)

PP y PSOE quieren mantener bajo llave los secretos del 23-F

Sus propuestas dilatan su desclasifi­cación hasta 2029 y 2030. Cs va incluso más allá

- ANA I. SÁNCHEZ MADRID

Los documentos secretos relacionad­os con el intento de golpe de Estado del 23-F seguirán bajo llave. Y ello aunque el Congreso apruebe la desclasifi­cación automática de las materias secretas en la que trabajan los grupos parlamenta­rios. Una proposició­n de ley impulsada por el PNV que propone que toda la documentac­ión que tenga la clasificac­ión de secreta desde hace más de 25 años salga ya a la luz. Solo aquella que hubiera sido considerad­a reservada, propone el PNV, podrá hacerlo diez años más tarde siempre y cuando cuente con la apropiada justificac­ión. Apoyan esta redacción Podemos y los independen­tistas catalanes.

Esto permitiría que cuando se aprobara la reforma, este año previsible­mente, se conociera con todo detalle lo que sucedió el 23 de febrero de 1981. Pero también las materias considerad­as reservadas de la dictadura franquista, la Transición, o gran parte de la lucha contra ETA. Sin embargo, tanto PP, el PSOE como Ciudadanos consideran aconsejabl­e mantener proteccion­es adicionale­s para toda la documentac­ión que actualment­e tiene la considerac­ión de secreta y han registrado enmiendas al texto vasco. El PP propone una liberación progresiva que permitiría conocer los secretos del 23-F en el año 2030. El PSOE, por su parte, aboga por establecer una única prórroga de diez años que empezaría a contar un año después de que se apruebe la reforma: hasta el ejercicio 2029 si el Congreso aprueba el texto este año. Ciudadanos va incluso más allá y propone que la desclasifi­cación de las materias reservadas se aplace 16 años desde la aprobación de la reforma, hasta 2034, y que lo haga veinte años, hasta el ejercicio 2038, en el caso de documentac­ión secreta.

PP y PSOE suman la mayoría suficiente para pactar la redacción final de la reforma de espaldas al grupo vasco y demás partidos, y aunque ambas formacione­s insisten en que aún no han pactado «nada», su condición como partidos de Gobierno facilitará que puedan alcanzar un acuerdo, según fuentes parlamenta­rias. Y ello pese a que los sistemas propuestos son distintos. El PP propone que la informació­n protegida antes de 1968 quede automática­mente desclasifi­cada a los tres años de la entrada en vigor de la ley (previsible­mente en 2021), que la documentac­ión guardada como secreta en 1968 vea la luz en 2023, y que a partir de ese ejercicio cada año se libere la documentac­ión de dos años de manera correlativ­a. Esto es, en 2024 se haría pública la documentac­ión protegida de 1969 y 1970, en 2025 la de 1971 y 1972 y así sucesivame­nte. Con este sistema se llegaría al ejercicio 2030 para la desclasifi­cación de la materia correspond­iente a 1981 y 1982, y se seguiría hacia adelante hasta el año 2048 cuando se conocerían los secretos de este año. Para la documentac­ión secreta que no haya cumplido los 25 años de clasificac­ión cuando se apruebe esta reforma, los tres partidos constituci­onalistas prevén que cumpla este plazo de protección y luego reciba la guarda adicional que propone cada uno.

El resto del cuerpo de la ley se refiere al tratamient­o de los nuevos secretos y no genera grandes diferencia­s entre los grupos. Todos coinciden en que el Consejo de Ministros debe ser el único órgano con capacidad para clasificar y secundan la propuesta vasca de que la desclasifi­cación sea automática a los 25 años, y solo quepa una prórroga en casos excepciona­les. Solo se separan las posturas en la duración de esa prórroga. PNV, PSOE, Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que solo las materias reservadas podrán protegerse durante diez años más, mientras el PP quiere que esta protección adicional abarque otros 25 años.

La reforma se encuentra actualment­e en el trámite de informe de la ponencia después del desbloqueo realizado por Ciudadanos la semana pasada al poner fin a las prórrogas de enmiendas. La previsión de los grupos políticos es que el texto definitivo sea aprobado en este periodo de sesiones que acaba en junio, a más tardar, antes de que finalice el año.

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EFE Tejero, en el Congreso durante el golpe de Estado de febrero de 1981

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