La empresa de la UGT para los cursos atribuye un desfase de 2,7 millones a créditos del sindicato
▸ El consejero delegado de Soralpe niega haber abonado sobresueldos a la cúpula o haber falseado facturas
«Eran créditos que nos concedió la UGT por nuestra falta de liquidez y que luego se devolvieron». Es el argumento dado ayer por el consejero delegado de Soralpe, la empresa satélite creada por el sindicato para alquilar las aulas de los cursos de formación de la Junta, a un desfase en la facturación de 2,7 millones, algo sobre lo que la UCO de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal han puesto la lupa en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula sindical y diez empresas proveedoras. Se les acusa de delitos continuados de fraude en subvenciones y falsedad documental entre 2009 y 2013.
Según la investigación, UGT cedió a Soralpe sus inmuebles para impartir cursos y ésta a su vez los alquilaba a una fundación del propio sindicato — IFES—, generándose así facturas artificiales que luego ‘colaba’ a la Junta para justificar las ayudas según la investigación policial.
El consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, explicó ayer que esta mercantil fue creada por encargo del entonces secretario general de la UGT Manuel Pastrana: «En 2005, Pastrana me llamó a su despacho. Me contó que con la cantidad de cursos y las instalaciones tan precarias que tenía la UGT quería que formara una red de aulas y centros profesionales para dar este servicio, y me contrataron». El sindicato, según abundó, cedió a Soralpe en usufructo su patrimonio inmobiliario para alquilar e impartir lo cursos de la Junta, algo que sostuvo ésta conocía, y negó que esta empresa facturara a IFES por servicios o alquileres inexistentes, como sostienen los investigadores.
Goicoechea negó también que Soralpe financiara a la UGT pero sí reconoció que el sindicato le anticipaba dinero con préstamos debido a la falta de liquidez de la sociedad «para cubrir pagos corrientes en momentos puntuales y luego se devolvían». De ahí, según explicó, el desfase detectado por la Guardia Civil en las facturas: UGT pagó 5,2 millones a Soralpe aunque la facturación por los servicios prestados era de sólo 2,5 millones, por lo el sindicato le transfirió 2,7 millones más. «Teníamos falta de tesorería. Nos encargamos de acondicionar y equipar esos locales para alquilarlos para los cursos con precios ajustados al mercado. Todas las aulas fueron homologadas por la Junta. No podíamos financiar a ningún nivel a la UGT, que como socio único, financiaba nuestro día a día porque nosotros corríamos con todos los gastos de las aulas. Por eso le pedíamos préstamos. De todos estos gastos y la contabilidad de la sociedad tiene información la Agencia Tributaria. De hecho, Soralpe nunca generó beneficios y ahora estamos en disolución por las pérdidas acumuladas», señaló. Ya en 2013, al finalizar los cursos, los gastos de dichas instalaciones los asumió IFES, según apuntó.
Eso sí, dijo que los préstamos están documentados con escrituras pero no los anticipos en función de la Tesorería. «Eran transferencias puntuales por necesidades de Tesorería». Aseguró además no tener «constancia» de que Soralpe cobrara alquiler por locales cedidos por el Gobierno a la UGT de manera gratuita para impartir estos cursos.
«Auditadas por la Junta»
Goicoechea, que reconoció «errores en algunas facturas que rectificamos», aseguró que UGT nunca le pidió que falseara las facturas y que éstas pasaron «todos controles y auditorias» de IFES y de la Junta de Andalucía. «Nunca se nos puso en cuestión ninguna factura», ha dicho.
En la sesión, además, se mostró un documento extraído según la Guardia Civil del disco duro de un trabajador de Soralpe con el pago de sobresueldos y anticipos a altos cargos sindicales. «Es imposible que esos cuadros estuvieran en ese ordenador, esos listados no son de Soralpe y de hecho, como estaba segurísimo de que eso no podía ser nuestro, revisamos el disco duro del que habla la Guardia Civil y seguimos la ruta establecida, y esos ficheros no existen en nuestro disco duro». La estrategia de la defensa era evidente: desacreditar la investigación de la Guardia Civil y apuntar a la UGT. Trataron de probar que esos documentos sí están en el disco duro de la UGT, aunque el fiscal y el presidente de la Sala espetaron que eso es lo que sostienen ellos «pero no la Guardia Civil» en las periciales.
El consejero delegado de Soralpe negó también que el sindicato y la sociedad se pusieran de acuerdo para cobrar alquileres inexistentes de las aulas de los cursos de formación y justificar así las subvenciones ante la Junta, y sostuvo que la sociedad no se encargaba de justificar las subvenciones de dichos cursos ante la Junta: «Entiendo que eso lo haría la UGT», dijo.
Llamativo también otro momento del juicio. El pago de alquiler de casetas de la Feria de Sevilla que aparece en la investigación es, según Goicoechea, por el alquiler de casetas para impartir algunos de los cursos en Sevilla, en la avenida de la Raza, concretamente. «Soralpe jamás ha pagado a la UGT ningún alquiler para casetas de la Feria de Sevilla. Además, si no me equivoco, las casetas de feria son concesiones del Ayuntamiento. Toda esta información figura en nuestros balances».