Hacienda recorta la economía sumergida real al 10,5% del PIB
▸ Rebaja las mediciones internacionales que la sitúan cerca del 16% por incluir actividades que no aportarían ingresos
El nivel de la presión fiscal que soporta una sociedad es mucho más una cuestión ideológica que un aspecto técnico. Para el Gobierno, para este Gobierno en especial, no se trata tanto de determinar cuál debe de ser la carga fiscal óptima y su mejor reparto entre las distintas actividades y capas de población para alcanzar determinados objetivos como un mayor PIB, una mayor renta per cápita o, incluso, un mejor coeficiente de Gini que mide la evolución de la distribución de rentas. Se trata fundamentalmente de recaudar el máximo posible de dinero para proceder a la máxima distribución de ayudas y mercedes, para comprar el máximo posible de apoyos sociales. Como ya se sabe, la caridad, como el cariño, empieza por uno mismo y así, el primer capítulo de la atención es la propia administración que no para de engordar y a la que no cesan de incorporarse los familiares más allegados y los amigos más próximos. Los estudios realizados sobre la materia acostumbran a señalar que la reducción de los gastos influye de manera más positiva sobre la actividad económica que el aumento de los impuestos. Pero, si el Gobierno tiene puntería para identificar los colectivos a los que sube los impuestos y a los que se incrementan las ayudas o, incluso, si no la tiene muy certera, el éxito en la apreciación electoral está garantizado, porque el éxito de la sociedad es otra cosa mucho más compleja.
El Instituto Juan de Mariana publica hoy un estudio muy revelador. En él descubrimos cosas como que el 60% del incremento de la carga fiscal registrada en España en los últimos 30 años es responsabilidad del Gobierno actual y que dos de cada tres euros del aumento ha recaído sobre las familias. Entre 2018 y 2024 ha decidido 69 aumentos tributarios, lo que nos coloca en cabeza de los incrementos de la presión fiscal europea. Si sumamos las cotizaciones sociales, el IRPF, el IVA y el IBI un trabajador medio (no Amancio Ortega, ni Juan Roig) paga al año 15.480 euros, lo que supone el 44,2% de su salario. Una evidencia que no conseguirá cambiar el mantra aquél, utilizado una y mil veces, de ‘Quien más tenga, que aporte más’. Un principio indiscutido que, por otra parte ya se aplicaba en Atapuerca. Ahora mire la evolución de la inversión que cayó un 1,6% en el cuarto trimestre y un 2,2% en el segundo semestre de 2023 y que permanece un 5,5% por debajo del máximo pre pandemia y compare su evolución con la registrada en la UE. Quizás se lo explique…
Ni el 30%, ni el 25% que durante tantos años se utilizó como referencia y casi maldición bíblica, ni siquiera el 20%, para la Agencia Tributaria el peso real de la economía sumergida en España se sitúa en el 10,5%, en mínimos históricos y por debajo de la media europea. El dato reduce de manera significativa la estimación que más se utiliza a nivel internacional para comparar el peso de las actividades en b en los distintos países, la que realiza el profesor Friedrich Schneider, que colabora con instituciones como el Parlamento Europeo o la OCDE, y que en su última investigación con datos de 2022 situó la cifra para España en el 15,8% del PIB, unos guarismos que el organismo dependiente de Hacienda recorta porque incluye actividades que jamás podrían convertirse en ingresos fiscales por su naturaleza ilegal o como mínimo ajena al perímetro de acción del ordenamiento fiscal.
La aceptación de ese parámetro implica la asunción de que en España hay una economía ilegal o fuera del control de Hacienda (actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, actividades de subsistencia difícilmente viables si se regularizaran, ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales e incluso impuestos que se pagan incluso desarrollándose actividades ocultas, como por ejemplo el IBI) equivalente al 5,3% del PIB, lo que supone cerca de 80.000 millones en euros contantes y sonantes. La actividad económica de naturaleza legal pero no declarada rondaría en esos mismos términos los 160.000 millones de euros.
Al tipo impositivo medio de alrededor del 35% bajo el que opera el sistema tributario español, el potencial de recaudación que podría extraer la Agencia Tributaria de esa actividad no declarada en caso de reducirla a cero sería de 56.000 millones.
Los últimos informes que se han realizado en la Unión Europea sobre la brecha fiscal en el IVA, que miden la distancia entre la recaudación real por el impuesto y la que se derivaría de reducir a cero el fraude fiscal, sitúan a España como el tercer país en que menos escapes ilegales de recaudación presenta en este impuesto solo por detrás de Países Bajos y Finlandia. España sigue siendo uno de los países de la UE-27 que menos recauda por este impuesto, pero en este caso no es por el fraude sino por el largo listado de tipos reducidos existente que detrae miles de millones de euros cada año y que sitúa a España como el país con el tipo efectivo de IVA más reducido de la Unión Europea.
Fomentar que se pague
Llegados a este punto, la Agencia Tributaria ha concluido que de cara al ciclo 2024-2027 lo más inteligente es volcar sus esfuerzos más en fomentar que los contribuyentes cumplan de manera lo más sencilla posible con sus obligaciones fiscales, que en lanzarse a medir, intentar detectar y aflorar actividades sumergidas.
Le refuerza en su planteamiento el hecho de que a lo largo de la última década y coincidiendo con el despliegue de iniciativas como el borrador de declaración de la Renta, el sistema de suministro inmediato de información en el IVA y diversas ayudas para facilitar la presentación de declaraciones fiscales, la evolución de los ingresos haya superado sistemáticamente el crecimiento de la economía, hasta acumular un diferencial de 13,5 puntos.
Un reciente informe del inspector de Hacienda Francisco de la Torre para Esade EcPol concluía que solo en el IVA tras la pandemia se habrían aflorado más de 6.000 millones de euros de recaudación sumergida, gracias a la mayor utilización del pago con tarjeta durante los meses del confinamiento y posteriores.
La idea de la Agencia Tributaria es desplegar en los próximos años nuevas iniciativas de asistencia como el borrador de declaración de renta a otros impuestos como el Sociedades y avanzar también en el fomento del cumplimiento voluntario, utilizando el sistema de avisos y alertas para facilitar que los contribuyentes cumplan de forma adecuada con sus obligaciones fiscales sin necesidad de activar procedimientos de infracción.