Feijóo arranca a Sánchez el compromiso de bajar impuestos
▶ El Gobierno celebra la unidad con las autonomías y se compromete a hacer «esfuerzos» en materia fiscal ▶ Ayuso se desmarca pidiendo la supresión de algunos impuestos y atacando el plan de Igualdad
La Conferencia de Presidentes autonómicos era más excepcional que nunca –ante la eventualidad de la guerra en Ucrania que obligó a suspender la cita hace apenas dos semanas y que hizo que por primera vez, aunque de manera «excepcional», acudiese el presidente catalán, Pere Aragonès– pero se desarrolló ayer en Los Llanos de Aridane, municipio de La Palma, con menos roces que otras veces, o con mayor espíritu de «unidad», como subrayaron desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta varios de los líderes autonómicos.
Un clima de consenso propiciado por el presidente de la Xunta de Galicia y líder ‘in pectore’ de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, uno de los grandes protagonistas de la cita, quien logró arrancar al jefe del Ejecutivo un compromiso para efectuar «rebajas impositivas a sectores afectados» por la crisis derivada de la invasión ordenada por Vladímir Putin. No era la propuesta de máximos de Feijóo y los presidentes populares, que abogaban en concreto por dejar en el IVA superreducido la electricidad y los carburantes, enormemente afectados por la actual espiral inflacionista, pero sí, al menos, un paso adelante.
Del clima general de consenso sólo se salió parcialmente Isabel Díaz Ayuso, quien en unas palabras cuasi filosóficas afirmó: «Pactar la incertidumbre puede quedar bien, pero es solo incertidumbre». La presidenta de la Comunidad de Madrid fue, incluso, algo más allá en la exigencia fiscal de sus compañeros de partido y abogó directamente por la «suspensión temporal a la luz y el gas».
En el terreno de los gestos, Aragonès no solo dejó claro que su presencia en este órgano multilateral no presagiaba que repitiese en futuras ocasiones, sino que se afanó mucho en volver a desairar al Rey, evitando tanto el saludo a Felipe VI como la foto de familia. El dirigente independentista, que solo veinticuatro horas antes recibía al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en el congreso de ERC celebrado en Barcelona, esperaba hasta que el monarca abandonaba la conferencia tras haberla inaugurado para hacer acto de presencia y dirigirse a los medios, casi a mismo tiempo en que Pedro Sánchez realizaba una declaración previa a la cumbre.
El alivio fiscal a los sectores más dependientes de los carburantes o del consumo eléctrico, incluidas también las familias, centraba buena parte del debate a puerta cerrada entre el Gobierno central –nueve ministros acompañaban a Sánchez, incluidas las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera–, los presidentes de las diecisiete autonomías, los de Ceuta y Melilla y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Feijóo pidió que el Gobierno extienda hasta final de año las reducciones impositivas vigentes y que las amplíe con esa reducción del IVA al tipo superreducido para la electricidad y el gas. El futuro líder del PP pidió igualmente a Sánchez, en el primero de sus cara a cara, que se solicite a la Unión Europea (UE) autorización para una reducción excepcional y transitoria del impuesto de hidrocarburos y del IVA que grava la gasolina y el gasoil. Previamente, Sánchez aseguró que el Gobierno está haciendo un «gran esfuerzo fiscal» y que se propone seguir hablando sobre la materia con las comunidades autónomas. Recordó, además, la rebaja impositiva realizada sobre la luz que supone, volvió a repetir, entre 10.000 y 12.000 millones de euros hasta fin de año. Algunos presidentes socialistas como Emiliano García-Page, hablaron de acometer el origen del problema energético, modificando el sistema de fijación de los precios de la electricidad. El presidente de Castilla-La Mancha señaló también la existencia de «dificultades» en la gestión de las renovables y pidió una agilización de ese tipo de proyectos. En una comparecencia al término de la conferencia ante los medios, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló, como ya lo había hecho Sánchez por la mañana, que «el Gobierno ya está actuando en lo que se refiere a la política fiscal» y añadió que «haremos los esfuerzos que sean necesarios».
Declaración de La Palma
Después de seis horas de debate en el plenario de la conferencia, se terminaba con una ‘declaración de La Palma’ de cuatro puntos. Los tres primeros para «respaldar al Gobierno de España en su posición ante el próximo Consejo Europeo que se adopten medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía»; para «impulsar la ejecución de los fondos europeos por parte de todas las administraciones públicas» y para «gestionar de forma coordinada la acogida de refugiados ucranianos, que permita canalizar la ola de solidaridad que sienten los españoles hacia los ucranianos que llegan a España huyendo de la guerra».
Pero el escollo principal para que la declaración viera la luz se producía en el cuarto punto. Las diferencias entre el Gobierno central y las autonomías socialistas, por un lado, y los presidentes regionales del PP, por el otro, llevaban incluso a decretar un receso para acercar posturas. Sánchez quería a toda costa evitar que el texto hablase de impuestos concretos, como pretendía Feijóo. Finalmente, la literalidad de esa declaración habla de un «plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania» que será «abierto y dinámico» y que se negociará con las fuerzas políticas y los agentes sociales, además de con las autonomías. Y entre las medidas que contempla ese plan, y esa es la cuña introducida por Feijóo y el resto de barones populares, se habla de «rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas, y otras que se puedan plantear».
En su comparecencia al término de la conferencia ante los medios, Feijóo afirmaba que ese texto supone que el
Gobierno «se ha movido» con respecto a su postura inicial. En concreto sobre la de los trabajos previos a la Conferencia de Presidentes e incluso sobre lo hablado la víspera –los presidentes y el Gobierno compartieron una cena el sábado por la noche con el Rey– cuando, según el presidente gallego, el Ejecutivo central se negaba siquiera a contemplar esa rebaja fiscal. Feijóo sintetizó así su posición: «¿La declaración institucional habilita rebajas fiscales explícitas en favor de los hogares y las empresas? Sí. ¿El Gobierno se ha querido comprometer? No».
Preguntado sobre si compartía la afirmación hecha en la reunión por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que habría que emplear los 20.000 millones aprobados en el reciente plan del Ministerio de Igualdad para ayudar a las familias ante la subida de la luz y el gas, Feijóo se limitó a aseverar que en el actual momento de carestía «no es muy acertado» plantear, dijo, «políticas distintas a la prioridad uno, que es llegar a fin de mes».
Por lo demás, la declaración final, en su preámbulo antes de los cuatro puntos concretos de acuerdo, habla de una «condena en los términos más enérgicos a la agresión militar ilegal no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión». Gobierno y comunidades autónomas expresan también su «admiración por el pueblo ucraniano» que, dice la declaración acordada por los presidentes, «se ha convertido en un referente de los valores democráticos».