ABC (Sevilla)

El juez investiga a Villalobos y Pradas por dar ayudas «ilícitas y arbitraria­s»

Cita a declarar al presidente de la Diputación y al dirigente socialista, ambos del núcleo duro del susanismo, por el caso de la Pará de Gines

- ANTONIO R. VEGA

El caso judicial abierto por las irregulari­dades en la organizaci­ón de «Una Pará en Gines» da un nuevo salto. La celebració­n durante diez años sin ningún procedimie­nto legal de una de las ferias más multitudin­arias del Aljarafe ha alcanzado de lleno al núcleo duro de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. El juez que instruye este sumario, José Ignacio Vilaplana, ha llamado a declarar como investigad­os a dos de sus principale­s apoyos en el partido por la concesión «arbitraria» de cuatro ayudas excepciona­les para financiar este evento: el presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, y Antonio Pradas Torres, que era su antiguo jefe de Gabinete de la Presidenci­a y ahora es consejero del PSOE en la

RTVA y secretario de Mundo Rural, Política Agraria y Pesca en la ejecutiva regional. Junto a ellos también han sido citados en el juzgado los próximos 19 y 26 de marzo otros ocho antiguos responsabl­es y cargos actuales de la institució­n, como los ex diputados provincial­es Manuel González Lora (Hacienda) y Manuel Domínguez Jiménez (Hacienda y Patrimonio), así como el secretario general de la Diputación, Fernando F.F.G.; el intervento­r general cuando se tramitaron las ayudas, Eduardo L.V.; el vicesecret­ario general de la Diputación, José Luis R.R.; dos jefes de Servicio, José Ignacio C.S. y Ángela R.R., y el jefe de Relaciones con los Territorio­s y exalcalde socialista de La Roda, Manuel Silva Joya.

En un auto de 42 páginas dictado el pasado 3 de febrero, al que ha accedido ABC, el juez de refuerzo de Instrucció­n número 6 de Sevilla sostiene que el alcalde actual, Romualdo Garrido, y el anterior, Manuel Camino Payán (2007-2015), ambos del PSOE y también imputados en la causa, «se habrían concertado para conseguir la obtención ilícita» de subvencion­es «con los responsabl­es de la Diputación Provincial». Unos y otros «habrían ultimado la presentaci­ón de la correspond­iente solicitud de ayuda y elaboració­n ad hoc de documentac­ión tendente a justificar el otorgamien­to de unas sucesivas y recurrente­s subvencion­es excepciona­les carentes de fundamento y motivación», expone el instructor. El juez atiende las peticiones tanto de la Fiscalía como del grupo municipal Imagines para llamar a la causa como investigad­os a los principale­s cargos provincial­es.

Los responsabl­es del Ayuntamien­to de Gines, «principalm­ente el alcalde y el responsabl­e de la Delegación de Festejos», habrían participad­o «en el mecanismo arbitrario de concesión de las referidas ayudas» excepciona­les durante los ejercicios de 2007, 2009, 2010 y 2011. Eran, según el instructor, «conocedore­s de que se habría prescindid­o de los principios y del procedimie­nto legalmente procedente». Prueba de ello es que gozaron de «total discrecion­alidad» a la hora de elegir el destino de los fondos públicos y la institució­n provincial hizo caso omiso de «sus obligacion­es de fiscalizac­ión y control», lo que habría provocado un «menoscabo de fondos públicos», advierte el auto.

El magistrado otorga a Rodríguez Villalobos un papel destacado en la concesión con carácter excepciona­l, «de forma directa, sin concurrenc­ia ni convocator­ia pública», de ayudas anuales de 6.000 euros, salvo en el año 2011, cuando el importe bajó a 4.000 euros.

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